La euforia de Nadine Heredia y Gerald Oropeza

Sobre el fallo del Poder Judicial y  los “petroaudios”

 

Guardando distancias por el tipo de acusaciones, Nadine Heredia y Gerald Oropeza, deben haber aplaudido con euforia la decisión de la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima, que absolvió a 10 personajes comprometidos en el sonado caso “faenón de los Petroaudios”. El Tribunal dictaminó que los audios y correos electrónicos que dieron lugar a un gran escándalo en octubre del 2008 y que tumbó un gabinete, no prueban ningún tipo de delito, por ser pruebas ilícitas.  

 

¿Por qué tanta euforia? La razón es muy simple. Ocurre que el fundamento principal utilizado por los jueces para declarar la inocencia de Rómulo León, Cesar Gutiérrez, Daniel Saba, entre otros,  fue que los audios y unos 20,000 correos electrónicos que probaban el llamado “faenón”, son pruebas ilícitas. Ahora ese argumento será perfectamente utilizado por Nadine Heredia y Gerald Oropeza para invocar su inocencia. La Primera Dama dirá  que las agendas que configuran indicios probatorios sobre el financiamiento de Venezuela al Partido Nacionalista fueron obtenidas ilícitamente de su domicilio. Gerald Oropeza argumentará que los videos obtenidos del Whatsapp encontrados en el auto Porche blanco, que fue atacado en San Miguel, también son ilegales y no prueban de su vinculación con el narcotráfico. La teoría de la prueba ilícita será en el futuro el mayor argumento para buscar impunidad de muchos personajes.    

 

Nuestra imaginación y razonamiento contrafáctico puede ir más allá. Si la teoría de estos tres jueces, Ricardo Brousset Salas, Luis Arce Córdova y Avigail Colquicocha Manrique (¡recordemos bien sus nombres!), sobre la invalidez de las pruebas por ser ilícitas fuera efectivamente consistente y ese mismo criterio hubiera sido aplicado el año 2000, entonces los personajes comprometidos por el caso de los llamados “vladivideos” en la época de Montesinos, estuvieran ahora libres. Incluso ellos, basándose en el criterio de esta tremenda corte, podrían en el futuro recurrir a recursos legales para revertir las sentencias emitidas por los numerosos casos de corrupción ocurridos en la década del fujimorismo.      

 

Esta pésima decisión judicial termina por consagrar la impunidad en el Poder Judicial, como lo han señalado reconocidos juristas. Es un nefasto precedente que configura una impunidad sistémica en el Poder Judicial. Queda la esperanza que la Corte Suprema revierta esta peligrosa tendencia, frente al recurso de nulidad presentado por el Fiscal Superior, Adrián Cáceres Colque.  

 

En este proceso se ha utilizado una estrategia sistemática, con diversos recursos legales y con diversas variantes para buscar impunidad. En primer lugar, se buscó con éxito la pérdida o descalificación de las pruebas, denunciando a los autores de la interceptación telefónica para luego sentenciarlos, tal como sucedió con la pérdida de los USBs y el desenlace final del caso Business Track. En segundo lugar, se buscó la dilatación del proceso para buscar la prescripción y favorecer a determinados personajes. Resulta incompresible que una decisión sobre el carácter ilícito de las pruebas haya tenido que tardar, ¡nada menos que ocho años!  En tercer lugar, la Sala Penal encargada de sentenciar se amparó en una interpretación hipergarantista, cuando lo que debió hacer, en el momento en que se empezó a cuestionar como pruebas los audios y correos electrónicos, fue utilizar la ponderación para saber que en este caso se debió realizar un balance de los derechos de los imputados con la necesidad de conocer la verdad y la lucha contra la corrupción, que ha siso elevada a principio por el Tribunal Constitucional.

 

El lamentable final de este caso emblemático confirma el peligroso retroceso que viene ocurriendo con el sistema anticorrupción peruano. Un sistema que, como en diversos casos, se inicia con denuncias del periodismo serio de investigación, del Ministerio Público o la Contraloría, pero termina con la impunidad en el Poder Judicial. Que no nos extrañe pues que, casos como “La Centralita”, el caso Ecoteva, Comunicore, las Agendas de Nadine Heredia, el caso Gerald Oropeza y, otros tantos, como ya ocurrió con el ex – Ministro Aurelio Pastor, terminen consagrando la cultura de la impunidad en la mayoría de la judicatura peruana. Estamos advertidos.       

 

Por: Neptali Carpio