La desintegración del Cusco

Ante la recurrente malversación de fondos de las autoridades regionales

La Convención es la región amazónica del Cusco. Con una superficie de 30,061.82 km², tiene una población de 180,000 habitantes distribuidos en 14 distritos. La belleza de su geografía y la gran diversidad biológica le dan un gran potencial turístico. En su territorio se encuentra Camisea, que en los últimos 10 años ha otorgado por canon y regalías del gas aproximadamente S/. 6,000 millones a la provincia. Pero paradójicamente el 90% de su población no tiene agua potable ni desagües; además, tienen un pésimo servicio de energía eléctrica que provee Electro Sur Este. Para colmo, no cuentan con ningún hospital, tampoco colegios adecuados y las carreteras son peligrosísimas; más aún, el sector agrario atraviesa una grave crisis productiva.

A todo ello se suma la corrupción de las autoridades municipales y regionales que han malversado y dilapidado los recursos del canon, agravando los conflictos sociales. Y también el asfixiante centralismo cusqueño, que administra la región con el espíritu de los encomenderos coloniales, incapaz de resolver los gravísimos problemas de infraestructura social y productiva, fomentando con esa actitud la violencia social. Por eso los centros poblados campesinos del distrito de Echarate —que recibe entre S/. 200 millones y S/: 900 millones anuales— empezaron a movilizarse para convertirse en distritos. Esta silenciosa movilización campesina tiene dos objetivos: autonomía política y manejo de los recursos del canon para acceder a los servicios básicos.

Sin embargo, esta movilización fue ridiculizada por las autoridades locales y regionales, señalando que fue promovida por el narcotráfico. Jamás vieron ni entendieron el inmenso apoyo agrario y la lucha silente de los machiguengas y piros, y de las diversas organizaciones que lograron la creación del distrito de Megantoni; ahora son los nativos los que administran gran parte del canon gasífero. El mismo proceso de movilización campesina ocurre en Huanta (Ayacucho), Tayacaja (Huancavelica) y algunos distritos de Junín —como San Martín de Pangoa— que aspiran a convertirse en provincias y luego en una región. También, sus promotores son señalados como narcotraficantes, mineros ilegales y de propiciar el crimen organizado.

Por cierto, el narcotráfico actúa en regiones sin presencia del Estado, y lo que quieren los campesinos es construir Estado para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, Rosalio Sánchez, alcalde de Kepashiato —asesinado por el gobierno de Ollanta Humala— lideraba la lucha contra el narcotráfico en las rondas campesinas promovidas por las Fuerzas Armadas. De manera que, el argumento del gobernador Edwin Licona y algunos gremios empresariales cusqueños de acusar de narcotraficantes al pueblo convenciano, es un gravísimo error político. Además, incrementa el resentimiento de los convencianos que unánimemente, en una asamblea popular presidida por sus autoridades locales y organizaciones sociales, aprobaron separarse del Cusco.

Reitero, acusar de querer hacer una narco región es delirante; más aún, expresa la clásica postura de culpar a los otros por tus errores y responsabilidades. Ahora, resulta que los narcos, los mineros ilegales, los radicales, los politiqueros, los demagogos y los traidores al Cusco tienen la culpa de que La Convención quiera ser una región. Insisto, son los pueblos y comunidades campesinas los que lideran este proceso que busca posicionarse mejor en la economía de mercado que requiere Estado e instituciones democráticas que en La Convención y el VRAEM no existen o simplemente no funcionan. En resumen, Sr. gobernador Licona, la realidad es otra y estamos ante un anhelo indeclinable del pueblo convenciano que merece una seria y urgente reflexión sobre el fracaso del sistema de inversión pública y privada en las regiones.

Tino Santander Joo