La Corte y los comandos

¿Qué hará el presidente si la Corte Interamericana falla contra los comandos?

En los próximos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) fallará sobre la nueva denuncia de la ONG Aprodeh contra los militares del comando Chavin de Huantar, que rescató con vida, el 22 de abril de 1997, a 71 rehenes del grupo terrorista MRTA, en la residencia del embajador del Japón.

Lo más probable es que ese tribunal  fallará a favor de Aprodeh. Las dudas surgen en torno a cuál será la respuesta del Perú a semejante afrenta que violaría el derecho fundamental de los comandos al debido proceso, en los términos del plazo razonable, pues en ninguna sociedad democrática se admite que una persona sea sometida a una misma investigación penal por ¡18 años!.

La gran pregunta es si el presidente Ollanta Humala, militar de carrera, se allanará ante una sentencia injusta o asumirá una actitud digna de defensa de los DDHH de los comandos, honrando así la memoria del comandante Juan Valer y el capitán Raúl Jiménez, a quienes la muerte libró de sufrir las humillaciones que enfrentan hoy sus camaradas.

El antecedente más cercano es la sentencia a favor de la terrorista del MRTA Gladys Espinoza Gonzales, patrocinada por la abogada Gisela Astocondor, de la ONG Aprodeh. La Corte condenó al estado y le ordenó indemnizar a Espinoza con US$105,000 por haber sido supuestamente violada en la Dircote, algo que nunca fue probado. La Dircote jamás recurrió a ese tipo de prácticas aberrantes.

Otros antecedentes son las sentencias de la Corte que condenaron al Perú “por violar los derechos humanos” del terrorista chileno Jaime Castillo Petruzzi -patrocinado por la abogada Gloria Cano, también de Aprodeh- y de la terrorista norteamericana de esa misma banda Lori Berenson. Los dos delincuentes, también del MRTA, también fueron indemnizados por mandato de la Corte.

Por cierto, Aprodeh parece haberse especializado en defender a esa banda dentro y fuera de los tribunales, pues hace unos años pidió que el MRTA sea retirado de la lista de organizaciones terroristas proscritas en Europa. La petición, obviamente, fue rechazada.

Un nuevo fallo contra el Perú sería injusto e inadmisible en el caso de los comandos porque en el expediente sobran pruebas y testimonios que demuestran que hubo asesinatos. Por ejemplo, tres peritajes, realizados por forenses notables en Europa y Estados Unidos, prueban que los terroristas murieron en combate.

El testimonio del japonés Hidetaka Ogura fue negado por los demás rehenes, incluso los japoneses que estuvieron a su lado cuando supuestamente vio vivo al terrorista Tito. ¿Un testigo desmentido por otros 70 puede decidir un proceso? Y los dos policías que avalan a Ogura se contradicen: uno dice que Tito era alto y flaco y el otro que era bajo y gordo. ¿Se puede condenar con testimonios así? Por eso la Corte Suprema absolvió a los comandos, Y también la Justicia Militar.

Algunas voces han planteado que, ante esa eventualidad, el Perú debería declarar inejecutable el fallo e iniciar de inmediato su retiro de la competencia de la Corte para los casos de terrorismo y narcotráfico. La Convención Interamericana de DDHH y el derecho internacional de los tratados lo permiten, así que la propuesta es perfectamente viable.

Veremos si el presidente Humala tiene el coraje de tomar esa determinación. Si lo hiciera, recibiría un espaldarazo de popularidad y también el respaldo de las fuerzas políticas democráticas.

Por Víctor Robles Sosa
28 - Abr - 2015