La corrupción como institución

Involucrados ministerios, municipios y gobiernos regionales

Dos de los grandes flagelos que azotan al país —de acuerdo a la percepción ciudadana en los sondeos de opinión pública— son la inseguridad ciudadana y la corrupción institucionalizada; serios problemas que han paralizado nuestra economía y amenazan la continuidad democrática, lograda con mucho esfuerzo por los peruanos en estos últimos 25 años.

Las denuncias sobre coimas y sobornos contra altos funcionarios en los gobiernos de Alan García Pérez, Alejandro Toledo y Ollanta Humala han indignado a los peruanos, generando un escándalo internacional que nos afecta al retraer las inversiones, generar inseguridad jurídica y mellar la imagen del país.

Pero ¿Son los políticos los únicos responsables del tremendo desmadre provocado por los recientes escándalos? La respuesta es ¡no! Hay otros culpables, aparte de Odebrecht y Graña y Montero, aún no mencionados por las autoridades judiciales. Detrás de tanta inmoralidad están comenzando a aparecer funcionarios públicos de segundo nivel, estudios de abogados —aparentemente prestigiosos—, y pequeñas y grandes empresas que han hecho de la coima una institución para corromper voluntades y ganar “licitaciones”, con grave perjuicio para la economía y el desarrollo nacional.

Toda esa maraña de corrupción, tejida y perfeccionada a lo largo de muchas décadas, tiene que desaparecer. Es importante que las autoridades que llegan al poder con el voto popular, se preocupen por cuidar los escasos recursos del Estado y no por llenarse los bolsillos. Tampoco el servidor público debe aprovechar su función para lucrar, ya que por esa voracidad desmedida y corrupta es que existen en la actualidad miles de obras inconclusas en el país, carreteras y pistas construidas tramposamente, y edificios escolares que se caen solos. No hay hospitales, postas médicas ni medicamentos, porque la corrupción hizo humo los recursos económicos, pagados con mucho sacrificio por todos los peruanos.

El daño que produce la corrupción es cuantioso e incalculable, por eso es urgente la promulgación de severas leyes que castiguen al delincuente de “cuello y corbata”. Asimismo, que las adjudicaciones de obras indispensables para el desarrollo del país, sean transparentes y con claras reglas de juego, y que cada organismo fiscalizador asuma con seriedad su rol y denuncie sin miramientos cualquier irregularidad.

De la corrupción no se salva ninguna repartición del Estado. Ministerios, municipios, gobiernos regionales, hospitales y cualquier otra institución que maneja fondos públicos está o ha estado involucrada en algún delito. La ansiedad de algunos malos empresarios por hacer negocios con el Estado los lleva a pactar coimas y sobornos con total naturalidad. Se ha perdido la vergüenza para negociar ilícitamente, lo que debería ser sancionado con mayor severidad.

El clamoroso caso de Graña y Montero, una de las más grandes empresas del país, debe servir de ejemplo al resto de inversionistas. Su complicidad con Odebrecht ha devaluado sus acciones en la Bolsa de Valores y ha provocado la masiva renuncia de su directorio y de altos ejecutivos de la constructora, llenando de vergüenza a sus socios del diario El Comercio, donde José Graña Miró Quesada es uno de los principales accionistas.

El impacto ha sido tan grande en el diario más antiguo del Perú que su remezón puede alcanzar a otros medios de comunicación vinculados a esta casa editora. Como se recuerda, el hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo, a través del inefable César Almeyda —ex presidente de la Conasev— promovieron la transferencia de un importante paquete de acciones de América Televisión (Canal 4) a la Cervecera Bavaria —enfrentada a Cervecería Polar por el control de Backus—, así como a los dueños de los diarios El Comercio y La República, quienes posteriormente, se hicieron del control absoluto de América Televisión.

Carlos Arnillas Denegri