La contrarreforma universitaria

Sobre la decisión del gobierno de cambiar autoridades universitarias

A veces los procesos de contrarreforma tienen efectos antagónicos pero más revolucionarios que las viejas reformas. Este es el caso típico de las universidad peruana donde un sector de rectores, profesores y estudiantes se rehusan al cambio refugiándose en los viejos principios de la Reforma de Córdoba que se inició en Latinoamérica en 1909 y cuyas banderas fueron la autonomía, el Tercio Estudiantil  y  la libertad de enseñanza.

Esas demandas se dieron en el Perú cuando existían cuatro o cinco universidades en las que predominaba un régimen oligárquico y antidemocrático. Son reformas ahora obsoletas cuando tenemos 144 universidades de diferente característica y calidad. Ahora la demanda de regulación por parte del Estado es un imperativo, si se trata por cierto de un Estado democrático y de una universidad que ya no se rige por los principios feudales y de la cátedra hereditaria, sino por una extremada oferta de profesiones donde lo que prima es el mercantilismo que ha convertido esa oferta en una mercancía más. Son realidades totalmente diferentes.

En el caso de la autonomía, la realidad muestra que castas de profesores corruptos se refugian en ella cuando la sociedad - que es finalmente la que financia con sus impuestos la universidad pública - demanda mayor calidad, transparencia y meritocracia. En el caso de los tercios estudiantiles, en su gran mayoría son “comprados” por mafias de profesores para asegurarse la votación en la Asamblea Universitaria y ganar los rectorados.  Y en el caso de la libertad de la enseñanza esta demanda simplemente ha perdido vigencia ya que existe una oferta de más de 1500 carreras profesionales, numerosas escuelas de post-grado y doctorado con docentes de todas las tendencias ideológicas y amplia libertad para enseñar todo tipo de asignaturas. La libertad en la Universidad es ya casi secular. El nuevo problema que enfrentamos es la dictadura de la mediocridad.  

La disyuntiva que ahora enfrentamos no es entre un Estado antidemocrático versus un movimiento universitario que reclama democracia corporativa, co-gobierno estudiantil y libertad de enseñanza. Ese movimiento ya no existe en la realidad. Los grupos emergentes de docentes, estudiantes y trabajadores que hemos visto en las calles son aquellos que se oponen precisamente a los rectores que no quieran convocar elecciones o instalar democráticamente asambleas estatutarias como es el caso de San Marcos.  Es increíble que la primera universidad del Perú, cuna de la Reforma de Córdoba, a inicios del siglo pasado, se refugie ahora en la autonomía y la democracia estamental o corporativa para evitar la democracia universal, pero también mayor transparencia y control de los recursos que le da el Estado y lo recursos propios que ahora bordean el 40% de su presupuesto.

La nueva contradicción es entre la dictadura de la mediocridad y la venta de títulos universitarios como cualquier mercancía barata versus la demanda de meritocracia para mejorar la calidad de la enseñanza, realizar investigación, producir tecnología y bienes, crear patentes y conectarse con la realidad peruana de hoy. En esta disyuntiva no incluyo a universidades de indiscutible prestigio como la PUCP, UNI, Cayetano Heredia, Del Pacifico, U de Lima, San Ignacio de Loyola, entre otras, aquellas que precisamente no han sabido tomar distancia de las universidades públicas y privadas mediocres y de medio pelo.

Desde este punto de vista, la nueva ley universitaria es en cierto sentido un opción de contrarreforma para evitar que estos grupos de poder sigan utilizando viejos principios para intereses particulares, nada santos. Es una contra reforma que viene desde el Congreso y el Estado, pero que recoge la demanda de la sociedad y de la mayoría de los universitarios para ejercer la democracia universal en la elección de rectores, transparencia en el uso de los recursos universitarios y regular el sistema a fin de garantizar la calidad de la enseñanza universitaria. A fin de cuentas es una exigencia del propio mercado y la competencia internacional.

Oponerse a esta nueva situación levantando el fantasma de un intervencionismo estatal es no haber entendido la realidad universitaria de hoy y la exigencia de la sociedad.

Por: Neptali Carpio