La civilización y el derecho de los cines

Algunas cuestiones a tener en cuenta sobre las consecuencias económicas que se pueden generar a partir de la arbitrariedad de Indecopi pasan por entender que la intervención del Estado en cualquier ámbito de la economía siempre va a generar un costo. En este caso particular, el costo se deriva de una reducción en los ingresos que las cadenas sufrirían si los clientes pueden llevar sus propios alimentos/bebidas para consumirlos dentro de las salas. El argumento que justifica la disposición de Indecopi gira en torno a que las cadenas de cine no dejan margen de elección a sus clientes. Al restringir el consumo solo a los productos que ofrecen, estarían cercenando la libertad de los clientes a consumir lo que mejor les parezca; es por esto que lo consideran una medida justa y en beneficio de los consumidores. Sin embargo, las cosas no funcionan así.

El gran problema de la mayoría de personas que creen que esta medida representa algún beneficio para los consumidores está en que ignoran cómo es que se administra un negocio. Si creemos que los dueños de las cadenas de cine van a asumir el costo que se está generando por la intervención del Estado y van a ajustar sus precios y su servicio al nuevo escenario que Indecopi está creando, pues estamos equivocados. Al tratarse de empresas consolidadas en el mercado, solo son dos los sectores que pueden asumir las consecuencias en forma exclusiva. Lo asumen los trabajadores del cine o lo asumen los consumidores. No hay otra posibilidad. Los dueños de las cadenas van a actuar según la lógica empresarial y simplemente van a trasladar el costo de la intervención. En cualquiera de los casos, sin importar quién es el que va a asumir ese costo, los resultados siempre son negativos. Si el costo lo asumen los trabajadores de las cadenas, los resultados se pueden traducir en recortes de personal, recortes de salarios, incremento de labores específicas, etc.; si el costo lo asumen los consumidores, los resultados van desde la suspensión de servicios dentro de las salas, pasando por el recorte de beneficios para clientes premium, hasta el incremento en el precio de las entradas.

Dicho esto, damos cuenta de que cada medida que Indecopi pueda disponer sobre cualquier empresa no solo no funciona en el sentido que ellos buscan, sino que se traduce en un perjuicio precisamente para quienes busca proteger. A final de cuentas, la intervención del Estado a través de Indecopi no puede garantizar ningún beneficio para los consumidores sin dejar de generar consecuencias negativas en varios sentidos. No olvidemos que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Ahora bien, más allá de que se reconozca que la razón y la lógica están de lado de los que vemos en la medida un perjuicio económico, tenemos que tener en cuenta que este asunto no solo se enfoca en las pérdidas o ganancias que pueda reportar una empresa y sus naturales consecuencias para el resto, sino que se trata de una discusión sobre los principios que rigen nuestra vida política, económica y social.

La historia ha demostrado, en forma contundente, que aquellos países que han definido bien la propiedad privada, en la que el andamiaje institucional y jurídico protege tal derecho, son países que hoy gozan de un nivel de riqueza y prosperidad envidiable. El derecho que tienen los dueños de las cadenas de cine a disponer de su inversión como mejor les parezca, delimitando las condiciones bajo las que van a prestar un servicio, forma parte de su derecho de propiedad. Lo que el Estado peruano ha hecho, a través de Indecopi, ha sido violar el derecho de propiedad de los dueños del negocio. Y no es algo que debamos tomar a la ligera. Se trata de la diferencia entre la civilización y la barbarie. Ante semejante escenario queda hacernos una pregunta, ¿si el Estado peruano viola el derecho de propiedad de las grandes empresas, qué podría evitar que —bajo cualquier ocurrencia— viole nuestros más elementales derechos?