La autoridad avasallada

Anarquía se abre paso en el sur y la violencia amenaza con extenderse.

La convulsión antiminera en el Valle del Tambo merece una acción inmediata del Estado. Acá ya no se trata del proyecto Tía María, que con este gobierno veo bien verde que se ejecute. Acá está en juego el respeto a la ley, el principio de autoridad y el papel de las instituciones frente a delitos flagrantes, gestados por quienes se oponen a que Arequipa reciba más dinero por canon. Mientras escribo estas líneas, parecería un hecho la declaratoria del estado de emergencia en Islay; pese a que la gobernadora Osorio insiste en que tal medida sería peor que la enfermedad que ha paralizado su región desde hace casi mes y medio. La señorita gobernadora, apena decirlo, desconoce los mecanismos que tiene el Estado para restablecer el orden donde, según nos confirma la realidad, se ha delineado una peligrosa zona liberada en la que mandan los antimineros, los "espartambos", los delincuentes y no los policías. 

Quemar buses es delito, masacrar y secuestrar policías es delito, atacar la propiedad privada es delito, bloquear vías es delito, provocar el desabastecimiento de alimentos y combustible es delito. Ahí nomás, los dirigentes que promueven esta asonada contra el país se van a ganar varios años de cárcel. Porque encima hay una población —entre desinformada, cándida y majadera—, que sigue a estos falsos líderes, como Pepe Julio Gutiérrez, creyendo sus mentiras que son, precisamente, las que gatillan la protesta. 

Gutiérrez, el más activo agitador de Islay, dirigente del partido antiminero "Tierra y Libertad" de Marco Arana, ha sido ampayado en una conversación telefónica que lo desnuda como un auténtico mercader de huelgas. En el audio, propalado en las últimas horas por Willax TV, Gutiérrez le pide al abogado de la Southern, Jesús Gómez Urquizo, un millón y medio de soles a cambio de suspender el paro que, a la fecha, se ha cobrado la vida de dos personas. Urquizo ha reconocido la veracidad del diálogo. Gutiérrez debería ser castigado por quienes lo han secundado en una huelga que debe terminar. Pero antes que eso, el Estado debe abrirle proceso por los delitos cometidos en Islay y que, además de la sentencia que se le dictó en febrero pasado por bloquear vías, son más que suficiente para conducirlo derechito a la cárcel. 

La anarquía se abre paso en el sur, porque la protesta amenaza con extenderse a Mollendo. Acá toca una acción inmediata de policía, ejército, jueces, fiscales y gobierno regional. A meter presos a los revoltosos, a abrir procesos contra los cabecillas de estas acciones, a poner orden antes de sentar precedentes nefastos como los que dejaron Conga y Pichanaki. Este gobierno no está en condiciones de llevar adelante Tía María, digámoslo claramente de una buena vez y en voz alta. Que pongan orden nomás y que garanticen un proceso electoral, justo y ordenado, para que la gran inversión sea tema de la agenda electoral. 

Después del último destape de Correo que revela miles de búsquedas estúpidas de la DINI (hurgaron en la RENIEC los datos de Tilsa, Milett y compañía), queda demostrado que este gobierno vive pendiente de cualquier cosa, menos de los asuntos que comprometen al grueso del país. La DINI ha debido seguir de cerca la planificación de la protesta antiminera, por ejemplo. Ollanta Humala tendrá que responder sobre el uso del presupuesto público para financiar acciones que rayan con lo ilícito y lo inmoral, en vez de seguir de cerca a quienes se declaran enemigos de la inversión y la riqueza de los peruanos. Ese será el juicio más terrible que Humala enfrentará desde julio del 2016. 

Por Jaime Chincha Ravines
08 - May - 2015