Juan José García

La asolapada pausa institucional

La asolapada pausa institucional
Juan José García
18 de febrero del 2016

Inversión pública y privada se detienen en tiempo electoral

Las elecciones presidenciales son el evento cívico más importante en nuestro país. En ellas, los ciudadanos elegimos libremente a nuestros líderes políticos para los siguientes cinco años. Naturalmente, este evento siempre genera incertidumbre así que el sector privado como el público se mantienen a la expectativa y frenan sus inversiones hasta que se resuelve la a veces cacofónica sinfonía de la campaña electoral, ya sea en primera (rara vez) o en segunda vuelta.

Peculiarmente, el freno en la inversión por parte del Estado no se debe a la incertidumbre que pueda generar el proceso electoral, sino a temas de carácter administrativo por el esperado (o temido) cambio de mando. Si bien es cierto por un lado las autoridades salientes deben cerrar proyectos, hacer informes y traspasar cargos, por otro lado, las autoridades entrantes deben conocer los procesos  y entrar en el ritmo. El freno también se debe a que muchas autoridades ya no “quieren” hacer más obras o empezar nuevos proyectos por temor a dejar temas pendientes  en los cuales estarán involucrados. En otras palabras: quieren cubrirse.

Por esto y por más, Contribuyentes por Respeto (CpR) denomina a este período de tiempo y sus características particulares, pausa institucional.

Lo interesante es que esta pausa institucional suele pasar desapercibida por la población, ni los medios de comunicación ni los candidatos se manifiestan al respecto. Las autoridades juegan los “descuentos” casi sin ser enfocados por las cámaras. No obstante, echar luz sobre este fenómeno y mitigar sus efectos negativos podría ser muy útil para asegurar que el crecimiento económico no se detenga, como por ejemplo en el sector de infraestructura de uso público.

Es bien sabido que la brecha en el sector de infraestructura bordea los US$ 155 mil millones y que para cerrarla debemos invertir cerca del 8.5% del PBI, según estimaciones de AFIN. Lamentablemente, la capacidad de ejecución del gobierno en proyectos relacionados con este sector es considerablemente menor en los periodos electorales que en los periodos no electorales.

Por ejemplo, considerando los dos últimos comicios (2006 y 2011), el Estado ejecutó en promedio (en los sectores de comunicaciones, transporte, saneamiento y energía) en los periodos no electorales el 73.74% de su presupuesto, mientras que en los periodos electorales ejecutó solo el 63.68%. Dejar de ejecutar el 10% de lo presupuestado en este rubro implica dejar de invertir aproximadamente US$ 1,100 millones al año, un lujo que no nos podemos permitir.

Los medios de comunicación y los candidatos deberían restarle importancia a los escándalos electorales (errores administrativos, vigilias, plagios y compra de votos) y dársela a temas que son vitales para asegurar el crecimiento en un futuro cercano. No obstante, como están las cosas, que no nos llame la atención que a finales del 2016 y durante el 2016 el Estado logre un pobre desempeño de ejecución en varios sectores.

Por Juan José García

 
Juan José García
18 de febrero del 2016

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