La agenda política y los derechos humanos

Es increíble la desinformación que existe en materia de DD.HH.

El 10 de diciembre se celebra el sexagésimo octavo aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En todo este tiempo el Perú ha tenido un lento progreso en la implementación de medidas que eliminen las barreras de la desigualdad, de la discriminación y de la injusticia, que limitan el goce de derechos y el acceso a las oportunidades de las personas.

A pesar de contar, hace un par de décadas, con sendos planes nacionales que buscan implementar políticas transversales en derechos humanos, una de las grandes limitantes es el poco presupuesto que se le asigna y la escasa voluntad de darle prioridad en la agenda política. Esto se debe a que los partidos políticos no suelen comprender esta implementación como prioridad en sus planes de gobierno, lo cual parte del poco conocimiento que se tiene de la importancia de los compromisos internacionales en la materia contraídos por el Estado Peruano, compromisos cuyo cumplimiento generan desarrollo y bienestar.

Es increíble la desinformación que existe en materia de derechos humanos. La paranoia que muchas veces se desata en razón a la vinculación del tema con doctrinas de izquierda, la reducción antojadiza a frases como “los derechos humanos son solo para terroristas” o “los derechos humanos son cosa de caviares”, hacen que este importante tema sea tomado mitad en broma, mitad en serio. Quizás parte de esta corriente de desprestigio de los derechos humanos se deba a que muchas ONG trafican con ellos. Estas ONG han difundido como casos emblemáticos aquellos en los que el Estado Peruano vulneró las normas del debido proceso, “lavándoles la cara” a las organizaciones terroristas ante organismos internacionales.

En el año 2013, la Universidad ESAN, a solicitud del Minjus, realizó una encuesta para medir el grado de percepción de la sociedad en materia de derechos humanos. Esa encuesta reveló entre otras cosas, una opinión de regular (hasta 48% del total de encuestados) la actuación del Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional. También una percepción mayoritaria (hasta 43% de encuestados) que el Estado Peruano destina pocos esfuerzos a garantizar el derecho al trabajo, a la salud y al acceso a la justicia, así como una alta percepción (de hasta 64% de encuestados) de discriminación a las poblaciones vulnerables. Esto —sumado a la impunidad, la violencia generalizada y la falta de oportunidades— impide que se fortalezca la idea de que los derechos humanos les corresponden a todas las personas por el solo hecho de tener dignidad humana; ese atributo intrínseco que te hace merecedor de respeto, protección y realización, así como de un trato igual ante la ley.

Podemos ver algunos avances en la materia del actual gobierno en estos cien primeros días, que sería mezquino no reconocer. Como el decreto legislativo que plantea declarar la “muerte civil” en casos de corrupción, el Registro de Condenados por delitos contra la Administración Pública, la actualización del Registro Único de Víctimas (RUV) para identificar no solo a beneficiarios civiles, sino a militares y policías para el Programa de Reparaciones Económicas, el proceso de implementación de la ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Acuerdo Nacional Por la Justicia. Esperamos que las siguientes acciones a tomar también se enfoquen en el ciudadano de a pie, que tiene que enfrentar una administración de justicia deshumanizada; en especial aquellos procesos en los que la tramitología y la onerosidad afecta especialmente a los más vulnerables, como por ejemplo los derechos de filiación y alimentos de niños y niñas.

El Estado Peruano tiene grandes retos que afrontar para fortalecer una política pública nacional en favor de los derechos humanos. Y en esto no solo el Estado, sino la sociedad en su conjunto, estamos comprometidos.

Elizabeth Zea Marquina

Fotografía: Luis Cáceres Álvarez