Justicia, tarea pendiente

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el propio Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a nivel latinoamericano nuestras cárceles son las más tugurizadas, pues albergan a casi 100,000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de apenas 35,000. Cruda realidad que ha convertido a dichos establecimientos penales en verdaderas bombas de tiempo, por la alta incidencia de enfermedades en ambientes tan deprimentes, y porque no cumplen con su función principal, que es la readaptación del reo.

La realidad carcelaria peruana es a todas luces espantosa; pero el domingo último, en el program de televisión Panorama, pudimos apreciar cómo el dinero corrompe y proporciona a los delincuentes más ranqueados inimaginables gollerías, sin que las autoridades penitenciarias puedan impedirlo. Celulares de última generación, modernos y gigantescos televisores, camas y muebles de máxima calidad, paredes enchapadas en madera, licores de toda marca, drogas y cuánto pueda apetecer el sujeto que cuenta con los fondos necesarios para comprar voluntades.

Por supuesto que tales lujos solo se lo pueden dar los narcotraficantes, secuestradores, jefes de bandas y sicarios de alto vuelo; es decir, los más peligrosos para la sociedad y, por ende, los de mayor poder económico. Pero lo que más sorprende es que un reportaje que mostró estas mismas irregularidades en setiembre pasado, motivó la salida del anterior jefe del INPE, Julio Magán. Han pasado más de siete meses y la delincuencia sigue operando impunemente desde sus prisiones doradas. Los “capos” disfrutan de todos los privilegios imaginables, en cambio los delincuentes primarios tienen que padecer los rigores que les impone una justicia que no se compadece de sus precarias posibilidades económicas.

Esto ocurre por la actitud negligente de malos funcionarios del Ministerio de Justicia y del INPE. O lo que es peor, por la existencia de funcionarios corruptos que, aprovechando sus cargos, se hacen de la vista gorda para que la delincuencia actúe a sus anchas, previo pago de coimas. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, tendrá que preocuparse más de las cárceles, que es donde se planifican las extorsiones, secuestros y asesinatos por encargo. La delincuencia se comunica y coordina con sus cómplices en el exterior gracias a las facilidades que les dan sus celadores, debido a que los sistemas de bloqueadores telefónicos no funcionan. La empresa colombiana Prisontec, a cargo de la instalación de 127 bloqueadores y teléfonos fijos en locutorios en 33 cárceles del país, no ha cumplido hasta la fecha con el encargo.

Por todas estas razones, el gobierno tiene que emprender una verdadera reforma carcelaria. En teoría, esa reforma está vigente desde hace más de una década, pero en la práctica es inexistente. La corrupción campea y los peces gordos se escurren periódicamente de la prisión, tal como ha ocurrido hace algunos días con un narcotraficante que estaba recluido en Lurigancho y cuyo paradero se desconoce.

Se anuncia la implantación de grilletes electrónicos a partir del 26 de abril próximo; pero no constituye una solución al problema, porque su aplicación será limitada a personas mayores de 65 años, discapacitados, mujeres gestantes y a reclusos con enfermedades graves y con penas menores a ocho años. La medida aliviará el padecimiento de algunos centenares de presos, será un paliativo; pero de ninguna manera constituirá una solución a este grave problema.

El Perú está cansado de tanta espera sin que hasta la fecha se perciba una luz de esperanza. Contrarrestar los diferentes componentes que motivan la inseguridad ciudadana es una tarea compleja pero fundamental. Es por ello que los funcionarios responsables del Ministerio de Justicia y del INPE deben comprometerse a luchar y a desarticular los sistemas de corrupción existentes, caiga quien caiga, con el fin de asegurar que en los penales del Perú exista, de una vez por todas, una verdadera justicia.