Juicio al poder

La época de impunidad está llegando a su fin

La resolución del Juez Concepción Carhuancho, que ordena la prisión preventiva del expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia, representa un acto de justicia y de igualdad ante la ley. Un principio que se resume en que aquel que comete delito lo paga, sea quien sea.

La imagen de la ex pareja presidencial encarcelada moviliza fuerzas conscientes e inconscientes, que son manifestaciones de vehemente rechazo de la sociedad cansada de vivir impotente ante la arbitrariedad de quienes detentan el poder abusivamente. No se trata de los impulsos emocionales de una turba sin criterio ni control —como afirman las élites limeñas— que pide saciar su sed de venganza en contra de todos. No. Es simplemente hartazgo por la impunidad reinante en el Perú.

La resolución de Carhuancho se proyecta sobre Keiko Fujimori, quien debe explicar si la campaña electoral del 2016 fue financiada por Joaquín Ramírez —secretario general de Fuerza Popular—, procesado por lavado de activos. Es también un fallo contra el indulto a Alberto Fujimori, sentenciado por violación de derechos humanos y corrupción.

Es una sentencia contra Alan García, percibido como el “político que la sabe hacer y que siempre se libra”. Que anuncia "mi estrella se apaga" y sigue perorando y dando intolerantemente lecciones, a pesar de las graves acusaciones y del masivo rechazo popular en su contra. Mientras tanto, se refugia en el Apra, partido que utilizó para llegar al gobierno y manejó según sus intereses personales.

Del mismo modo es una condena política a Susana Villarán, sindicada de recibir dinero de empresas brasileñas con el fin de financiar su campaña y evitar así ser revocada de la alcaldía limeña. También el fallo se extiende a Verónika Mendoza, escriba de las agendas de Nadine Heredia y delfín del nacionalismo.

La resolución es también un dictamen contra las empresas que engañan a los consumidores, como Gloria u otras abusivas como Transportadora de Gas del Perú, que paga tributos miserables a la Municipalidad de Kiteni (Cusco) por el uso del aeródromo, mientras nadie en el Estado defiende a los agricultores.

Un sector de abogados que apaña los abusos del poder está en contra de la resolución del juez Carhuancho, con el argumento de que no se ajusta a la recta aplicación del derecho. Sin embargo, nadie defendió a Johnny Coico y su esposa, quienes fueron encarcelados sin tener acusación fiscal por el caso de las galerías Nicolini; tampoco hemos visto que algún jurista condene la prisión del chofer Goytzon Bravo Tocas, por el accidente del cerro San Cristóbal. En ambos casos el poder político esquiva sus responsabilidades a pesar de evidencias de su culpabilidad, y no pasa nada.

Ningún letrado ha condenado la injusta sentencia a Walter Aduviri: siete años de prisión por ser el autor mediato de los disturbios del 2011 en Puno. Tampoco, en su momento condenaron la arbitraria prisión a Gregorio Santos, que fue encarcelado tres años solo por indicios y sin acusación fiscal. Igualmente, ningún distinguido abogado ha denunciado la detención ilegal y sin pruebas de once policías en un operativo del Ministerio del Interior dirigido por Basombrío.

La inmensa mayoría indignada busca un Robespierre que instale un comité de salud pública y que tenga un fiscal como Fouquier de Tinville, para que guillotine a todos aquellos que usan su poder para robar, mentir y estafar a los ciudadanos. Por eso el fallo de Concepción Carhuancho simboliza que las épocas de impunidad en el Perú está llegando a su fin. Ojalá.

Tino Santander Joo