¡Juerga en la cárcel!

¿Se puede combatir la delincuencia dándole impunidad desde el estado?

La memoria colectiva es frágil, de lo contrario los peruanos no nos sorprenderíamos de ver en televisión algo que ya hemos visto tantas veces: las juergas y los privilegios que tienen ciertos presos en el penal de Lurigancho. Este hecho nos confirma que el gobierno nacionalista no tiene una política integral contra la delincuencia.

¿Se puede combatir el crimen con cárceles como Lurigancho, que funcionan como “resorts” para estadías breves y placenteras de  delincuentes avezados, con piscinas y todo? ¿Se puede derrotar a la delincuencia cuando la corrupción impera en las prisiones donde los reclusos deberían purgar sus penas en condiciones que les disuadan de reincidir en el futuro? Claro que no, así es imposible vencer al crimen.

Dicho sea de paso, lo que hemos visto en Lurigancho se replica en casi todos los penales del país porque la descomposición es total en las instituciones encargadas de los presidios: el INPE y la PNP.

El ministro del Interior, Luis Pérez Guadalupe, fue el jefe del INPE durante tres años antes de asumir ese ministerio, y el actual jefe de ese instituto fue su segundo al mando. ¿Qué hicieron para acabar con la descomposición de los penales? Lo que hemos visto en televisión habla por sí solo de las gestiones de ambos funcionarios.

Desde que una persona tiene la desgracia de caer en un penal es objeto del más miserable trato: Si no paga coimas a sus carceleros no tiene celda, ni colchón, ni comida. En Lurigancho los pobres duermen en la “pampa” y escarban la basura para comer algo. ¿Noticia? Tampoco.

Los presos avezados, los “taitas”, pagan coimas a cambio de privilegios como smartphones, tablets, laptop, Internet, bar libre, smart TV, equipos de sonido, y hasta negocios propios que van desde puestos de venta de cerveza hasta una discoteca, pasando por el tráfico de drogas.

El otro lado de la historia es que estos “destapes periodísticos” siempre han sido digitados por grupos corruptos interesados en “derrocar” a sus competidores para hacerse del “negocio”. Los del INPE denuncian a los policías y viceversa, es así como se alternan en el control de la corrupción, desde hace años. Y la prensa cae en el juego por NO indagar quién está detrás de la denuncia. Manda el rating.

Lo cierto es que hace años que el estado ha fracasado en administrar las prisiones. Es incapaz de controlar la corrupción y de proteger a los ciudadanos de las bandas de criminales que operan desde sus celdas. Al contrario, les brinda todas las facilidades que necesitan para planear extorsiones, asesinatos, asaltos.

Ante este fracaso, el gobierno anterior puso en marcha un plan piloto para transferir los penales a empresas privadas que pudieran administrarlos mejor. Promperú se encargó de licitar la concesión del penal de Huaral y todo estaba listo para otorgar la buena pro, pero el actual gobierno bloqueó todo por iniciativa del entonces ministro de Justicia, el izquierdista Francisco Eguiguren.

Si el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, está decidido a combatir la delincuencia, como ha declarado, haría bien en rescatar aquel proyecto archivado. ¿Se atreverá?

Por Víctor Robles Sosa

14 – Jul – 2015