Intolerante a la corrupción

Sin sacrificar la institucionalidad ni la gobernabilidad

El caso Odebrecht ha traído una serie de revelaciones que han sacudido los cimientos de nuestra política peruana. Una larga lista de políticos y funcionarios públicos han sido comprendidos en el caso más grande de corrupción de los últimos tiempos. Sin embargo, hacer que la justicia les alcance exige una estrategia que combine medidas preventivas eficaces y una rápida actuación por parte del Poder Judicial. Además la justicia no será posible si la sociedad no tiene un cambio de actitud frente a los actos de corrupción.

En octubre del 2014 Alejandro Toledo fue incluido en el proceso Ecoteva, a pedido de la Procuraduría, por la adquisición de una propiedad valorizada en US$ 3.8 millones a nombre de su suegra Eva Fernenbug. Sin embargo, aún con un proceso abierto postuló a la Presidencia de la República. Para ese entonces ya existían las sospechas de su participación en las irregulares concesiones de la Carretera Interoceánica y el Proyecto Olmos. Entonces no solo las normas resultan permisivas y benignas sino también el electorado, que cada cierto tiempo nos regala un ejercicio amnésico generoso con candidatos.

De otro lado, sobre Nadine Heredia pesan cerca de diez denuncias por diversas materias, todas en etapa de investigación preparatoria: lavado de activos, usurpación de funciones, fraude procesal, coacción y falsedad genérica, entre otras. Si a esto le sumamos la delación de Jorge Barata y el presunto desbalance patrimonial de US$ 13 millones del Partido Nacionalista, siendo ella su presidenta, serían indicios suficientes para respaldar una orden de prisión preventiva. Sin embargo esto no le resulta suficiente para que la Fiscalía pida incautaciones, embargos preventivos e impedimentos de salida del país. Lo que es peor, la delación obtenida data de hace un mes, y a la fecha no hay acciones concretas. En los casos de corrupción la justicia debe ser audaz y adelantarse a los hechos. Si la defensa quiere plantear la figura de la prueba prohibida de las agendas, deberá probar vulneración del derecho fundamental y el acto ilícito de la sustracción, lo cual sería difícil pues Heredia ha caído más de una vez en contradicciones.

La población está perdiendo la fe en las instituciones, y las instituciones le renuevan su fe a los investigados por corrupción con medidas tardías y poco efectivas. El gobierno emite decretos legislativos para luchar contra la corrupción, pero prefiere mantener vigentes los contratos con las empresas corruptas, y pagar mantenimientos y sobrecostos con el dinero que sale del bolsillo de todos los peruanos. Mano firme contra la corrupción es romper con todo: invocar las cláusulas anticorrupción de los contratos en los arbitrajes para aminorar los pasivos. Esto es preferible a sacrificar la institucionalidad y la gobernabilidad del país.

Termino este artículo con la noticia de que el Congreso aprobó el día de hoy la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de su función. Pero en el caso de los delitos más graves contra la administración pública y el patrimonio del Estado, la ley solo duplica el plazo de prescripción. Más allá de una posible demanda de inconstitucionalidad, la ley aprobada nos sigue dejando a la mitad del camino, pues las acciones a medias solo pueden interpretarse como un Estado tolerante con la corrupción.

Elizabeth Zea Marquina