Institucionalización del Estado y la minería

La minería formal contribuye al desarrollo y genera bienestar

El Perú es un país cuya economía se desenvuelve en la informalidad en alrededor del 70%. Esto puede deberse a que su Estado ha generado una estructura normativa alejada de su propia realidad, o porque quienes lo han conducido aún no se convencen de que su función principal es la de servir a los demás ciudadanos. Otra razón es que no existe una conciencia social acerca de la importancia de impulsar políticas de Estado, las mismas que se ejecutan en el mediano y largo plazo.

Sin una vocación por la institucionalidad, que se consolida en el ejercicio reiterado a través del tiempo, cualquier esfuerzo sobre el particular podría naufragar debido al aventurerismo de un sector de la clase política emergente y a la omisión o los yerros de los políticos formales. ¿Por qué la mayoría de miembros de la clase política es renovada cada elección? Porque transcurridos cinco años en el ejercicio parlamentario o en el poder ejecutivo, son muy pocos los que logran mantener el respaldo ciudadano. La razón principal es que la ciudadanía se siente defraudada. Otro motivo es que algunos, o muchos, terminan cautivados por la posibilidad de enriquecimiento rápido e ilícito gracias al poder que les concedió la ciudadanía.

En ese sentido, son pocos los políticos a quienes les interesa reflexionar sobre el largo plazo y “encajar” su aporte para fortalecer la institucionalidad del Estado. Empero, el destino del país siempre estará orientado hacia el largo plazo porque es una continuidad, al margen de que tomemos la decisión colectiva de enrumbarlo decididamente. En el Perú hay actividades económicas que se han desarrollado por milenios, como la agricultura, la pesca, la minería, el comercio, etc. Con el correr de los años, todas las actividades se han ido complejizando, especializándose, ampliando. ¿Por qué? Porque la población se incrementa y aumenta la demanda por los productos y servicios que dichas actividades generan.

Al comienzo, las actividades económicas satisficieron las demandas locales, pero en algún momento la demanda local no pudo ser satisfecha y hubo que fomentar el intercambio con aquellos países que tenían abundancia de aquello que carecíamos. En adelante, nuestra economía dependió de lo que podíamos hacer como país; pero en simultáneo, también de lo que hacían otros países. Cada uno de ellos para alcanzar mayores y legítimos beneficios.

Cuando se suscriben tratados internacionales —como la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)— lo que se acuerda es el cumplimiento de ciertas reglas de conducta, su vigencia por un número de años, su posterior revisión, eventuales contingencias, etc. Se trata de hacer previsible la conducta de unos países (de sus respectivas clases políticas) respecto de otros, y ello solo se logra con institucionalidad.

El mejor ejemplo de institucionalidad con que cuenta el país son aquellas actividades económicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que han optado por la formalidad a pesar de las dificultades que muchas veces enfrentan. La minería formal es una actividad de largo plazo que ofrece un horizonte certero como para fortalecer la institucionalidad y proyectar el desarrollo y generación de bienestar.

A más actividad minera mayor intercambio comercial (sea al interior del país o con el exterior) y surgimiento de oportunidades para otros sectores económicos. Si lo anterior es tan claro, ¿por qué no es fácilmente asumido por vastos sectores de la población? Porque carecemos de operadores políticos que defiendan las políticas de Estado, y que no se limiten simplemente a la coyuntura. Se trata de contar con un aparato que comunique, de manera directa y con frecuencia, a la sociedad mensajes para generar conciencia de la trascendencia de LA institucionalidad.

Guillermo Vidalón del Pino