Inseguridad y gobierno: más de lo mismo

Los planes del Ejecutivo para enfrentar al hampa con facultades delegadas

El actual (y esperemos último) Ministro del Interior del Gobierno enfrenta la doble estrechez de tener un plazo máximo de 12 meses de gestión y la tozuda insistencia presidencial en un plan absolutamente teórico, insistiendo en más de lo mismo. No es difícil predecir lo que puede ocurrir si con agudeza y valentía presenta propuestas que se aparten de las obsesiones del consabido desinflamado Tucuy Ricuy , papá de la teoría de la percepción histérica, aficionado a reparar lo que no está malogrado mientras que lo que sí lo está lo empeora.

Durante las próximas cuatro semanas trataré tema relevantes de cada uno de los cuatro títulos en que se divididen las materias delegadas. Por supuesto, lo que se le ha delegado al Ejecutivo es facultad de dictar normas con rango de Ley y nadie en su sano juicio, Ministro incluido, cree que las normas solas bastarán. Las leyes son solo herramientas y, parafraseando un viejo dicho, lo que importa no es la flecha sino el indio (que la dispara).

En materia de Sicariato, como en los delitos cometidos en banda causando intencionalmente muertes, urge revisar los criterios de imputabilidad y ejecución penal. La sociedad debe contar con herramientas que la protejan de precoces sociópatas peligrosos, identificando los irrecuperables para mantenerlos encerrados. La realidad (mundial) viene haciendo impostergable modificar conceptos heredados de un mundo distinto.

Cualquier legislación penal sobre tenencia ilegal de armas solo surtirá efecto si es acompañada del cascabel que nadie quiere ponerle al gato, haciendo  presumir un mal entendido espíritu de cuerpo en Palacio de Gobierno. La mayor parte de las armas y los explosivos que usan los delincuentes provienen ¨voluntariamente¨ de delincuentes encubiertos en las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿Podrá Perez Guadalupe poner este cascabel a ese gato con botas? La solución es sencilla, inventario de armas ligeras y explosivos, accesible al Ministerio Público, y personalización registrada (e igualmente accesible) de cada arma o granada entregadas.

Persiste la insistencia inconstitucional en sancionar penalmente al legítimo propietario de un arma (debidamente registrada en una tarjeta de propiedad) por la no renovación oportuna de la licencia de porte, y de privarlo además del goce de uno de los atributos esenciales de su propiedad. Esta disparatada iniciativa no contribuirá a solucionar el problema de inseguridad. Se pretende sancional al ciudadano respetuoso de la ley por culpa directa del gobierno que, al acortar de 5 a 1 año el plazo de vigencia, dotar de caprichosa discrecionalidad al funcionario y cerrar la mayoría de oficinas descentralizadas de SUCAMEC, hizo exactamente lo opuesto a la cacareada integración de la que se ufana. Este problema se agravó por el anacrónico espíritu controlista setentero que anima la gestión de Sucamec, la cual, si pudiera, controlaría hasta el color de los calzoncillos, gastando inútilmente los recursos que pagamos los contribuyentes, mientras el crimen arrecia.

En un país donde la informalidad es considerada virtud, una norma así ocasionaría la inmediata ¨informalización¨ de un número inmenso de armas, privando al Estado del necesario conocimiento de quien las posee.

Espero que prevalezca el buen juicio que caracteriza la trayectoria profesional del actual Ministro, y que su autoridad en la materia prevalezca sobre la terquedad de los inmortales asesores de Palacio.

 

Por Dardo López-Dolz

08 – Jul – 2015