Inseguridad: el riesgo de crear expectativas

Sobre las medidas anunciadas por el MININTER contra la delincuencia.

Cuando un ministro, presionado por su jefe y por la demanda de una inmediatez imposible, cede ante las fantasiosas elucubraciones de sus asesores y acepta promulgar normas inaplicables en la realidad nacional contemporánea, no resuelve sino empeora y añade problemas nuevos.

El riesgo de sembrar expectativas que acaben pronto oliendo a distracción es grande, mucho más cuando alude a la principal preocupación ciudadana y primera obligación del Estado, la seguridad de sus gentes de bien.

Hay que tener cuidado de las puertas que se abren o se cierran con una medida legal. Amenazar con cortarle el servicio celular a las personas que no verifiquen su identidad a tiempo, no solo es como pretender que le pongamos nombre a los billetes, sino que es, a todas luces, insuficiente, salvo que se haya ideado una ingeniosa fórmula para el ¨apagón¨ de Skype, Watts App, FB y toda la inmensa gama de aplicaciones que ni pagan por uso del espectro ni están reguladas y pueden ser usadas para llamadas (extorsivas) desde cualquier dispositivo (no necesariamente un celular). Sin mencionar la imposibilidad virtual de registrar los celulares en las poblaciones alejadas (usualmente las más pobres).

Si la Inteligencia estatal, además de escapársele toda las palomas (Conga, Pichanaki, Tía Maria y un largo etcétera)  ha demostrado gran gusto por espiarnos, pretender que la Policía tenga acceso ilimitado a la geolocalización de todos los celulares es sencillamente inaceptable.

Nadie se opone a la geolocalización rápida ante indicios de delito, pero con orden de un juez ad hoc y conocimiento reservado de una sola dirección policial con severos controles, como sucede con la interceptación. ¿Que hoy no se puede hacer rápidamente? Pues piensen (que para eso se les paga con nuestros impuestos), indaguen y pregunten cómo se hace con éxito en otras partes y dejen de mirar boquiabiertos el esclavizante universo bolivariano que hace pensar que de allí viene dinero para las ONGs de origen de sus asesores.

Convendría además que los asesores, antes de hacer trastabillar a su ministro, indaguen cuán lejos están las posibilidades tecnológicas contemporáneas de los operadores telefónicos en Perú de su soñado CSI  (Criminal Scene Investigation) televisivo, en buena parte por la escasez de antenas y el tipo de celulares que más abunda.

Reseña aparte merece el anunciado deseo de vulnerar lo dispuesto recientemente por la ley en materia de armas, promulgada en consenso por el Congreso de la República (¿La tozuda opinión de un asesor presidencial es más importante que el Congreso?).

Subsiste el silencio cómplice sobre la posesión ilegal y el tráfico de granadas, fusiles y ametralladoras que proviene en exclusiva de malos militares y malos policías, pero se propone encarcelar a quienes no renueven sus licencias de armas, sin atender que la mayoría de los casos se debe al entorpecimiento deliberado del trámite desde que empezó este gobierno y la increíble ineptitud de los funcionarios a cargo de SUCAMEC.

¿Acaso se quiere hacer menos riesgoso el trabajo de los delincuentes?

Espero que este llamado a reflexión conduzca a un análisis inteligente y no se pierda la oportunidad de esta delegación de facultades para dictar normas adecuadas.

Por Dardo López-Dolz

30 – Jun – 2015