Innovación, desarrollo y sentido común

Sobre ley que da beneficios a empresas que inviertan en investigar para innovar.

La Ley No. 30309, aprobada recientemente, confiere un beneficio tributario importante a las empresas que inviertan en investigación y desarrollo. La idea, evidentemente, es simple: necesitamos incentivar ambas actividades porque la innovación es uno de los elementos que coadyuva a generar desarrollo económico. A propósito de este tema, he leído una interesante columna de opinión en la que se trata de plantear ciertas reservas detrás de la creencia de que este “incentivo” es realmente deseable. 

Varias cosas deben decirse: es cierto que hay una asunción general de que innovar es costoso y que imitar es barato, pero esto no es así necesariamente dado que la imitación también puede tener un costo importante. Nada de ello demuestra, sin embargo, que como regla general imitar sea tan costoso como innovar. Es cierto que el innovador tiene una ventaja temporal respecto del imitador pero la efectividad de esa ventaja temporal depende de los costos asumidos inicialmente para realizar la innovación. Si estamos frente a un producto farmacéutico, dudamos que la ventaja temporal, que naturalmente le reporta a un laboratorio haber sido el primero en obtener el fármaco, sea suficiente para recuperar sus costos de innovación. 

El ejemplo que se ha puesto para argumentar en contrario es: imagine que hay un grifo en una carretera transitada. Si es así, no pasará mucho tiempo hasta que alguien ponga otro grifo sin necesidad de que se le subsidie. La pregunta es: ¿Por qué sería distinto en el caso de la innovación? Pues bien, es distinto. En el ejemplo, tenemos a un ofertante que responde a una demanda fuerte (la “clave” del ejemplo es el término “transitada”). Ese ofertante tiene incentivos para elevar su precio lo más posible pero a medida que eleva el precio genera señales de que el negocio es muy atractivo, generando incentivos para que otros compitan con él. Por eso resulta dudoso que las acciones legales contra el monopolio sean necesarias salvo que el monopolio esté auspiciado o apoyado por el Estado. Esa es otra historia. 

El planteamiento omite, a mi juicio, que parte del beneficio social derivado del fomento de estas innovaciones es el aceleramiento de la carrera por innovar. Nadie duda de que, generado un invento, sea posible que emerja otro competitivo. La discusión es cuánto debemos esperar para que emerja ese invento y enfrente competencia. En innovaciones costosas, la recuperación es complicada, y permitir el surgimiento de competencia de forma rápida podría dilatar o incluso inhibir la innovación. No es comparable una innovación tecnológica orientada a mejorar el sistema de navegación de los aviones con un ceviche. 

Es cierto que la ley bajo comentario representa un subsidio, porque dispone de recursos que podrían servir a la sociedad en su conjunto para beneficiar a una “clase” de sujetos. Hubiera preferido mejorar el sistema de propiedad intelectual que introducir un beneficio de esta naturaleza pero, en todo caso, la discusión no puede pasar por el discurso simple sin respaldo estudiado. Lo que debemos hacer ahora es encontrar fórmulas para que la innovación no sea guiada por el Estado, que es lo que me parece personalmente preocupante, es decir que sea la política la que determine qué innovaciones deben hacerse y cuáles no. 

Lo que sí debe ser claro es que el sistema legal tiene mucho que decir respecto del fomento de la innovación. La innovación es tan importante para el desarrollo que, en estos casos, suelo apartarme en algo de mi línea de pensamiento natural y suelo creer que es necesario hacer algo, aunque no necesariamente sea lo que establece la ley comentada. El debate, no obstante, es necesario, pero debe sostenerse en un análisis serio de la cuestión. No puede apoyarse en un simple ABC que sobre-simplifique las cosas a un grado absurdo. La invitación es a pensar en un país innovador.   

Por Gustavo Rodríguez García
30 - Mar - 2015