Huaycoloro: símbolo de la improvisación

Hace más de 20 años se sabe que es necesario un puente más grande

Un excelente pronunciamiento del Comité de Industriales del Valle de Huachipa y la Carretera Central, ha puesto en evidencia —con una mirada diferente— la grave irresponsabilidad de las autoridades en el desastre ocurrido en días pasados, a propósito del desborde del río Huaycoloro, situación que originó la inundación de la avenida Ramiro Prialé y de la parte baja del distrito de San Juan de Lurigancho. Lo que muy poco han ventilado los medios de comunicación es el gran daño que esta irresponsabilidad viene generando en un centenar de empresas grandes ubicadas en Huachipa y la Carretera Central, por la restricción en la circulación de mercancías por la av. Ramiro Prialé y en otras que conectan esta pujante zona industrial.

El pronunciamiento demuestra de manera contundente que el desastre no fue originado por la naturaleza, sino por la acción de los pobladores y la desidia de las autoridades municipales; en especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad que por ley es la competente para abordar esta problemática. Los empresarios señalan que ya desde el año 1998, cuando ocurrió una situación similar, ellos habían señalado que el puente de 20 m de largo y 3.30 m de altura que se instaló no era el más adecuado, y que la luz del puente tenía un 60% de obstrucción por la permanente colmatación. ¿Cómo se explica que 19 años después de los huaicos ocurridos en 1998 las autoridades no hayan aprendido la lección y que la Municipalidad de Lima no haya construido un nuevo puente, pese a que existe un proyecto de inversión listo y con Código SNIP para su ejecución desde hace varios años?

La desidia es tanto más grave por el hecho de que en la concesión de las rutas de Lima no se ha previsto la construcción de un puente sobre el río Huaycoloro. La única explicación que encuentro para esta desidia radica en el hecho de que el puente nuevo a construirse no es atractivo, en tamaño y presupuesto, como para saciar el apetito de las autoridades y funcionarios municipales, quienes primero ven el tamaño de la coima por una obra grande que pueden recibir, en lugar del impacto social que tendría para la prevención de los desastres naturales. Si ese puente se hubiera construido años atrás no estaríamos a estas alturas lamentando un desastre que “nunca debió ocurrir”, como bien dicen los empresarios en su pronunciamiento.

Las causas del desastre no se restringen a la construcción del puente. El otro problema sobre el cual las autoridades no han actuado es el referido a la descolmatación que debió realizarse en la parte del río Rímac donde desemboca el Huaycoloro, lugar donde el piso ha aumentado en más de dos metros de altura, formando un dique natural que cada año viene creciendo. El alcalde de San Juan de Lurigancho había advertido con tiempo sobre esta situación, pero cuando le enrostró tamaña negligencia a la autoridad metropolitana, el alcalde le respondió: “Que no se queje, que trabaje y que no sea vago”. ¡Qué nivel el de la primera autoridad metropolitana!

Sin embargo, los desafíos son más altos que aquellos que ya se habían puesto en evidencia el año 1998. Hoy por hoy, por el crecimiento poblacional y del parque industrial, ya no solo se necesita un puente más alto y de doble sentido, sino por lo menos tres adicionales para absorber la alta movilidad social y el transporte de carga que se mueve entre las avenidas Ramiro Prialé, Cajamarquilla y Carretera Central. Todo aquel que haya circulado por esa zona se percata de los altos niveles de congestionamiento en diferentes horas del día, por la alta movilidad de los pobladores y el transporte de carga.

La instalación del puente Bailey, que en estos días se instala a la altura del ingreso de Huachipa, es en realidad un símbolo de improvisación; tal como ha ocurrido con el puente provisional ubicado en el jr. Bella Unión (en el distrito de San Martín de Porres) y en diversas partes del país. Resulta ahora patético que diferentes entes del Estado —a nivel del Ejecutivo y la Municipalidad de Lima— se disputen los réditos de la improvisada obra, cuando es evidente que el aporte principal proviene del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por Neptalí Carpio