Honduras de la corrupción: el caso del contralor

Bastaría un indicio para la sanción política

Uno de los signos vitales de un país es la forma como enfrenta a la corrupción. Como se sabe, desde los inicios de la República la corrupción se ha constituido en un flagelo que nos afecta y que inclusive puede medirse en términos monetarios, como porcentaje de nuestro PBI. Sin embargo, si pretendemos calcular la dimensión del perjuicio en términos de moral, pues llegaremos a la conclusión de lo difícil que es establecer una medida para el daño social e institucional que se le hace al país.

Uno de los puntos cumbres que demuestra el lamentablemente nivel al cual hemos llegado tiene que ver con que el contralor de la República sea hoy un funcionario en cuestión. En cierta medida nos hemos acostumbrado a que algunos miembros del sistema de justicia se encuentren en actos reñidos con la ley, pero siempre han sido personajes marginales. El contralor, al ser elemento supervisor de la buena marcha de los procesos y proyectos públicos, debe constituirse en guardián de la corrección y pilar de la lucha contra la corrupción. Lo contrario significaría que estamos atravesando por una situación de deterioro moral que es imprescindible corregir.

Al contralor se le exige, en su ley de constitución, ser intachable en cuanto a su comportamiento. Y se le exige ello en función del cargo a desempeñar, que plantea la superioridad moral como fuente de responsabilidad y exigencia de la misma hacia terceros. El origen de su cargo es político, como corresponde, pues si se trata de un nombramiento o una remoción; el origen político del cargo ha servido para exonerarlo de las exigencias probatorias que vendrían a colación con un antejuicio constitucional o una jornada judicial. Basta con el indicio para la sanción política, y en ese sentido los elementos encontrados han puesto la continuidad del contralor en cuestión. Basta con una sola falta para que el carácter de intachable sea agredido.

El caso del contralor Edgar Alarcón debe ser un acicate para iniciar, de una vez por todas, un proceso de reconstrucción institucional que tenga en la reforma del sistema de justicia a uno de sus pilares. Parece que no nos ha hecho reaccionar que tengamos a todos nuestros ex presidentes vivos enfrentados a la justicia. Tampoco que haya colapsado el esfuerzo de descentralización por causa de la corrupción. Que el propio contralor, el llamado a identificar la corrupción de las entidades, esté en cuestión debe ser un elemento que nos despierte y anuncie sobre cuán hondo hemos llegado. Ante ello solo nos queda reaccionar. Y pronto.

Juan Sheput