Hay que desconfiar de las unanimidades

Respetando los balances de poderes y los controles legales establecidos

¿Cómo librar los proyectos técnicos de la manipulación política? Cuando vemos el proceso de toma de decisiones para lograr la ejecución del proyecto de las Carreteras Interoceánica, uno puede comprobar cómo una serie de controles se superan por la llamada “decisión política”, aquella que es asumida por presidentes, congresistas y ministros.

Hay algunos hechos que deben llamar la atención. En primer lugar, todas las fuerzas políticas con representación en ese momento estuvieron de acuerdo. Era una obra de infraestructura que se enmarcaba dentro de los proyectos de integración regional. Sin embargo, en ese entonces los economistas comentaron que su escaso flujo vehicular no sustentaba tamaña inversión. Entonces aparecieron las “decisiones políticas”. Se le levantaron las limitaciones del Sistema de Inversión Pública (SNIP) y luego, ante las observaciones de conflictos legales, se cambió la ley —en el Congreso— que establecía dichos impedimentos. Se produjeron cambios legales que permitieron llevar adelante los proyectos, por un acuerdo político de todos los partidos representados en ese entonces. ¿Cuánta legitimidad hay en esas decisiones y cuánto de incentivos ilegales hubo?

Entonces, antes de crear nuevas instituciones o cambiar leyes, hay que establecer candados constitucionales que impidan estas leyes con nombre propio. Por ejemplo, hacer que aquellos cambios legales que afecten procesos de inversión tengan una antigüedad no menor de dos años para su vigencia. Así, en el caso que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo (por razones legítimas o ilegítimas) el vacatio legis daría tiempo a reevaluar las decisiones o a un correcto debate público sobre la pertinencia de la inversión.

En el caso de otra inversión cuestionada —el Gasoducto del Sur—, de igual manera se comprueba cómo las decisiones se toman con poco tiempo, cómo se cambia a los miembros de los comités de licitación, cómo se piden informes legales que siempre dan la razón a las decisiones de Proinversión. En ese caso si es necesario crear cierta institucionalidad, de tal manera que las consultas o interpretación de las bases esté sujeta a algún tribunal permanente, cuyo plazo de permanencia esté garantizado, así como la independencia de su nombramiento. También, pensar en que los miembros de los comités de Proinversión no puedan ser cambiados una vez iniciado el proceso, salvo situaciones de fuerza mayor, para cuyo caso el suplente debería estar nominado desde el inicio. Hay que garantizar la autonomía de los funcionarios que participan en una licitación.

No dudo de que a las decisiones políticas deben sobreponerse las decisiones exclusivamente técnicas, pero debe hacerse respetando los balances de poderes, los controles legales establecidos. Y si se decide hacer cambios en estos últimos, deben producirse luego de un debate amplio y público. Siempre hay que desconfiar de las unanimidades.

Por Juan Carlos Valdivia