Hasta el cuello con la corrupción

Casi un deporte nacional, que tire la primera piedra quien nunca pidió un “favorcito”.             

De cada 100 soles destinados a cualquier programa social, sólo 30 llegan al usuario final, es decir; a los más pobres del Perú. Con una situación así de insostenible, parte de la población pobre migra sin dificultad hacia la pobreza extrema. Un fino límite imperceptible no puede distinguir entre un portador de anemia, tuberculosis o discapacidad física y mental y otro sin colegio, trabajo o vivienda con servicio básicos. 

No hay mecanismos de control para impedir que los programas sociales sigan alimentando la corrupción. Con cada gobierno los actores de la deshonestidad se mutan y les da igual si Perú avanza o no, si hay más pobres o más ricos. La conciencia colectiva nacional discurre con facilidad extrema por linderos de la corrupción sin escrúpulos y sin remordimientos. 

¿Qué hacer? Es la persistente interrogante. “No hagamos nada”, responden solapadamente quienes viven del favor político y quienes saben cómo se manejan los empleos donde se ofrecen los servicios públicos y programas asistencialistas, donde se contrata en nombre de los pobres. 

¿Unas 25,000 personas -entre funcionarios públicos y empresas privadas que están alrededor de ellos- pueden estar por encima de la voluntad de los 30 millones de peruanos? 

Si el Estado impide que muchos funcionarios públicos puedan manejar los recursos fiscales, la probabilidad de evitar que estos sean mal usados es mayor. Esta hipótesis quedó en la utopía nacional el día que Alejandro Toledo firmó la llamada regionalización y -peor aún- cuando Alan García firmó la transferencia de los presupuestos sin control alguno a cada una de las regiones. 

Donde hay compras y contrataciones hay favores por devolver y diferentes modalidades de robo; desde la sobrevaloración del precio de los productos, compras fantasmas, entrega de productos en menor cantidad y calidad pactados, hasta los procesos extrajudiciales llamados laudos arbitrales. 

Los proveedores justifican la sobrevaloración de sus productos cuando contratan con organismos públicos porque éstos se demoran en pagar y tienen que dejar “propinas” en todos los escritorios por los que pasa su expediente. 

La empresa privada centraliza lo que le conviene. Y lo que más conviene son las compras. El Estado y sus organismos deberían operar como empresa privada, centralizando compras y contrataciones para negociar directamente con el productor mejores precios y calidad. Otra vez, la hipótesis sensata estancada en el ideal de los románticos idiotas. En cada gobierno local más funcionarios despilfarran los presupuestos promoviendo el desorden que oculta cada uno de sus robos. ¿Están al día las contabilidades de las municipalidades? Al diablo con los pobres, el beneficio extra les importa más. 

La corrupción es casi un deporte nacional. Que tire la primera piedra quien nunca le pidió un favorcito al cholito de su corazón ofreciéndole un cebichito, festejando luego la maña y rasgándose las vestiduras al mismo tiempo. 

Las obras por impuestos, las Asociaciones Público Privadas (APP), se constituyen como una alternativa mayor a las logradas con la intermediación de organismos como el PNUD. Soluciones inmediatas. La población no puede esperar. 

Mientras tanto seguirán los empleados fantasmas, familiares contratados, remuneraciones por encima de las calificaciones, empleados haciendo labores personales y recibiendo pagos menores a la planilla, viajes y viáticos innecesarios. Una cruzada cívica de alto impacto, por todos lados, podría mejorar la situación. 

Por: Manuel A. Gago Medina
02 - Mar - 2015