Guerra avisada no mata gente

El sistema de recompensas y la lucha contra la delincuencia

El ministro Basombrío anunció la masificación del sistema de recompensas, como parte de un grupo de medidas destinadas a acabar con la inseguridad ciudadana. Lo que se busca es la captura de delincuentes con la participación de los ciudadanos, a través de información que puedan entregar a la policía. Una de las condiciones para que un Estado cruce el umbral del desarrollo es que este logre mantener el monopolio de la violencia. Esto es que solo el Estado, a través de la ley, puede ejercer violencia (orden, persecución y sanción de delitos) sin que ningún otro grupo (sicarios, terroristas, delincuentes, paramilitares) pueda hacerlo. Para lograrlo el Estado debe tomar medidas las necesarias para proteger a sus ciudadanos dentro de la legalidad.

Todo ello requiere de la confianza de los ciudadanos en el Estado y en su capacidad de ejercer el control sobre la violencia, y de garantizar seguridad y administrar justicia. Un Estado efectivo necesita de leyes que regulen y sancionen los delitos con severidad, una Policía capacitada y equipada que detenga eficaz y oportunamente a los presuntos delincuentes, un Poder Judicial que procese con celeridad y justicia, imponiendo la pena que el delito amerite y de cárceles controladas. ¿Cree usted que después de pasar por Lurigancho alguien puede reinsertarse en la sociedad?

El principal problema en el Perú es la falta de confianza de los ciudadanos en el Estado. Lo que se ve reflejado en que la mayoría de víctimas no denuncia los delitos, pues lo considera una pérdida de tiempo: ya sea porque no confía en la capacidad de la policía, porque considera que esta está coludida con los delincuentes o por el maltrato al que se verán expuestas. Así, solo trece de cada cien víctimas de robo hace la correspondiente denuncia, mientras que el 48% de las víctimas de una violación no lo hace.

La sanción penal debería ser un desincentivo para cometer delitos. Si la Policía y el Poder Judicial no hacen cumplir las leyes, y además se otorgan beneficios que reducen la pena a una mínima parte, este desincentivo desaparece. Si los delincuentes matan, roban y violan y no pasa nada, entonces seguirán haciéndolo.

El sistema de recompensas puede ser positivo en la medida en que involucre a los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia; sin embargo, dependerá de la confianza que tengan los ciudadanos en el Estado. En países donde se han implementado sistemas como este —como Estados Unidos—, están limitados a ciertos delitos. Además, los ciudadanos tienen una amplia confianza en que el Estado protegerá la identidad de quien ayuda en la captura, y en que el sistema judicial lograra una condena efectiva. En el Perú, ¿tendremos las mismas garantías? Considerando que los delincuentes siguen operando desde las cárceles, existe un alto riesgo para la seguridad de los ciudadanos informantes. ¿Está esto contemplado?

El congresista Miyashiro ha pedido que el sistema alcance también a los policías. Sería bueno considerar las experiencias en otros países. Como en el caso Colombiano, donde se descubrió que malos elementos asesinaban civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros, con el objetivo de presentar resultados y cobrar recompensas. Una práctica que se conoce como “falsos positivos”. Más aun, tenemos la historia reciente de policías inventado delitos, o el abuso de autoridad relatado por Aníbal Quiroga hace uno días en El Comercio. En el Perú, existen ciudadanos privados de su libertad durante años y sin sentencia, por delitos que no cometieron. ¿Se imaginan el riesgo que un sistema de recompensas puede generar si no es finamente diseñado e implementado?

María Cecilia Villegas