¡Goyo Santos, libertad!

Abusos y atropellos contra un dirigente social

Goyo Santos, el líder de la izquierda campesina de poncho y ojotas, que se enfrentó a la arrogante empresa minera Yanacocha, seguirá en prisión. Santos, procesado por corrupción hace 44 meses, está detenido desde el 25 de junio del 2014. El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó catorce meses de prisión, luego en septiembre del 2015 la Sala Penal Nacional amplió once meses, pena que debía cumplir el 24 de julio del presente año.

El fiscal declaró complejo el caso y solicitó a la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, la ampliación de la carcelería por 22 meses, por “haber hallado más evidencias de corrupción”. La Sala Suprema —integrada por los magistrados Villa Stein, Hinostroza Pariachi, Príncipe Trujillo y Neyra Flores— denegó el pedido de ampliación de prisión preventiva del fiscal y determinó que el plazo era solamente once meses, actuando de acuerdo a ley y en defensa de los Derechos Humanos del procesado.

Insólitamente la jueza Zaida Pérez, del Segundo Juzgado de Investigación, resolvió extender por siete meses más la detención. La resolución de la jueza contradice la de la Corte Suprema. El Poder Judicial actúa como un órgano político y no como un poder independiente, pues obedece a la política y no al derecho. El país requiere una profunda reforma que separe la política del derecho; es decir, romper con la tiranía que instrumentaliza la justicia como medio para liquidar adversarios. Este caso pone en evidencia la crisis del Estado de derecho.

En el Perú no existe equilibrio de poderes. En Inglaterra la fuente de la ley y el derecho no es la legislación parlamentaria, sino la judicatura. Francia tomó otro camino: la ley y su interpretación en ese país nacen en las asambleas parlamentarias. Un sistema jurídico que los peruanos imitamos. En otras palabras, prolongamos la guerra por el poder a la justicia1. Por eso tenemos a la clase política judicializada.

Podemos estar políticamente a favor o en contra de Goyo Santos, pero no podemos permitir que el abuso y el atropello se consoliden en el Perú. Los ciudadanos se preguntan ¿por qué no están con prisión preventiva Alejandro Toledo, por el caso “Ecoteva”, o Nadine Heredia, acusada por lavado de activos? Las organizaciones sociales sienten que la detención preventiva se aplica solo a los dirigentes sociales y a los ciudadanos de a pie. Mientras tanto, reina la impunidad para los que tienen poder.

El silencio cómplice del Frente Amplio y de las ONG defensoras de los Derechos Humanos es vergonzoso. Los grupos empresariales celebran la prisión de Santos, incluso lo señalan increíblemente como el culpable de la pobreza cajamarquina y de la no viabilidad del proyecto Conga. No es necesario ser ciego, sino no querer ver la realidad. Además, no se dan cuenta de que estar en la cárcel por enfrentarse a los poderosos fortalece políticamente a Santos.

En El Montonero defendemos la libertad más allá de nuestras posiciones políticas. Por eso exigimos que el Poder Judicial rectifique esta resolución que atenta contra el Estado de derecho. Santos, reitero, está procesado hace más de 44 meses y 24 meses detenido. Nadie puede estar detenido indefinidamente por la incompetencia de la fiscalía. Nadie puede ser privado de su libertad por presiones políticas ni económicas. La democracia no solo son elecciones, sino fundamentalmente respeto al Estado de derecho, que en nuestro país parece no existir.

1 Ver El poder neutro. Teoría del equilibrio de poderes” de Jorge Astete Virhuez. Lima 2001

Tino Santander Joo