¿Funciona nuestra política contra el tabaquismo?*

Según el Ministerio de Salud, el tabaquismo es el principal factor en cinco de las diez primeras causas de muerte en el Perú, matando 16,000 personas al año, aproximadamente 44 por día (https://goo.gl/jLUeYw). Por ello, es imperativo que las actuales políticas de salud destinadas a reducir el consumo de tabaco en el país sean analizadas para saber si sirven de algo o no. En ese contexto, la Escala de Control de Tabaco es la herramienta ideal.

Este instrumento básicamente lo que hace es cuantificar las seis políticas contra el tabaquismo que recomienda el Banco Mundial: incremento del precio a través de impuestos, restricciones de fumar en lugares públicos y de trabajo, mejor información al consumidor, prohibición de publicidad, advertencias de salud en los empaques y tratamiento para dejar de fumar.

Al respecto, se podría decir que nuestro país marcha por buen camino, aunque le falta mucho trecho por recorrer. Solo por poner algunos ejemplos, en el 2016 se incrementó en 157% el impuesto selectivo a los cigarros; sin embargo, estos aún siguen teniendo un precio relativamente barato, aún lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, si bien es cierto que existe una prohibición legal de publicitar los productos con tabaco en televisión, radio y a través del patrocinio de eventos, es aún legal hacerlo a través de la prensa escrita.

Como dato importante, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, en la sentencia Exp. N° 32-2010-PI/TC del 19 de julio de 2011, falló reconociendo que el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco debe ser interpretado como un tratado de derechos humanos. Por lo tanto, la justicia constitucional ha sentado las bases para que la protección contra este mal se incremente en los años venideros.

Sin embargo no todo es color de rosa, porque implementar las medidas que faltan no será fácil. Hay amplia literatura que explica las tácticas que utiliza la industria tabacalera para prevenir, encarpetar, minimizar y distorsionar las políticas públicas destinadas a reducir el consumo de sus productos. Entre ellas, se encuentran los famosos lobbies en ciertas comisiones claves del Congreso, financiar estudios “imparciales” que distorsionen el verdadero impacto negativo de sus productos, crear y financiar asociaciones de consumidores, entre otras perlas.

Además, nunca falta alguien que esgrime argumentos de corte liberal defendiendo la libertad de elegir de los consumidores, arguyendo que por último estos tienen “derecho a equivocarse”. Sin embargo, a ellos se les debe recordar que fumar causa efectos negativos que trascienden a la propia salud del fumador (externalidades negativas): desmedro en la salud de los fumadores pasivos, pérdida de productividad de la fuerza laboral y costos en tratamientos que al final asume el sistema de salud público; es decir, todos los que pagamos impuestos. Por estas razones, es legítimo que el Estado intervenga, no ilegalizando pero si utilizando los mecanismos que cuantifica la Escala de Control del Tabaco.

Como moraleja final, debemos ser conscientes de que cuando mediante la regulación se elevan los costos de la industria, se debe esperar que esta se defienda con uñas y dientes. En este caso, hay razones legítimas para hacerlo y necesitamos políticos que se compren el pleito en beneficio de la salud de los peruanos.

*Basado en Tobacco Control Scale and power dynamics: the Peruvian case, trabajo que el autor presentó para la Universidad de Edimburgo.

Franco Germaná Inga

@FrancoGermana