FFAA, inseguridad y “percepción”

Sobre la lucha contra la delincuencia y el aprovechamiento electoral

Alan García y Alejandro Toledo han respaldado el pedido de algunas autoridades de permitir la participación de las FFAA en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Lo más probable es que en tal adhesión esté primando su necesidad de conectar con la desesperación e indignación de la mayoría frente al crecimiento del crimen y la indolencia con la que actúan fiscales y jueces. Por una sencilla razón, son, en este momento y antes que todo, candidatos en pos de votos al precio que sea.

Ambos, como expresidentes, tienen pleno conocimiento de que una eventual participación de las FFAA en temas de orden interno no solo no es la solución al problema de fondo, sino que, eventualmente, trae consigo riesgos legales, sociales e institucionales (al introducir con forceps a un actor ajeno a la represión del delito junto las entidades competentes para ello).

Desde ese punto vista, García y Toledo parecieran alinearse con la famosa frase que acuñó el exministro del Interior y actual asesor palaciego en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza: “la inseguridad es un tema de percepciones”. Y claro, decir que los militares por el solo hecho de salir a las calles a patrullar representan un factor disuasivo, es precisamente actuar sobre las ideas y los temores de la gente, no sobre la realidad.

Salvo que alguien esté pensando en enviar batallones de soldados al Porvenir o La Esperanza en Trujillo a detener cobradores de cupos; o a los Barracones del Callao a capturar paqueteros; o a efectivos de la FAP a perseguir a reducidores en San Jacinto y  a marinos a Tacora.

No niego que en algunos casos la participación de las FFAA pueda ser necesaria tratándose de algún operativo conjunto y específico que por su dimensión y característica se justifique. Sobre todo en temas de inteligencia; por ejemplo, en persecución de bandas del amplio espectro o gran peligrosidad; o en la identificación de operadores antimineros u antiactividades extractivas que pongan en riesgo proyectos de trascendencia nacional (Conga, Tía María, Las Bambas, etc). Pero se supone que tenemos una DINI, a la que se le ha triplicado el presupuesto, pero que parecería andar más preocupada en defender al Gobierno y en seguir a periodistas y opositores.

Lo justo para el país sería que los candidatos nos empiecen a contar, más bien, qué tipo de reformas han de poner en marcha (con urgencia) desde el 28 de julio del próximo año para abordar la realidad (y no solo las percepciones) de la inseguridad. Por ejemplo, la reforma misma del cuerpo policial (combate a la corrupción, especialización, la formación de oficiales y sub oficiales, soporte en logística e infraestructura). O a nivel legal/judicial (alguien ofrecerá, por ejemplo, la distritalización de la persecución, juzgamiento y cumplimiento de penas por delitos menores en coordinación con las autoridades municipales?). O a nivel penitenciario (¿se le dará continuidad a la construcción y gestión de penales por los privados?, ¿alguien se acuerda de los grilletes electrónicos?).

Las elecciones siempre son una feria de ofrecimientos de barbaridades. Eso ya lo sabemos. Pero si de algo nos debe servir la experiencia humalista es a diferenciar a los candidatos que “solo aprovechan el viento” de aquellos que quieren poner en marcha cambios de verdad. Ojalá que al menos exista uno en este segundo grupo.

Por: Mario Saldaña C.(@msaldanac)