Facultades: Cuidado con los excesos

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo para la seguridad ciudadana

Basta con ver los diferentes acentos de mozos de restaurantes, vendedores de tiendas y hasta vigilantes, para comprobar que el Perú ha dejado de ser un país emisor de emigrantes para convertirse nuevamente en receptor. Sin embargo nuestra legislación de migraciones y extranjería responde a una realidad del pasado, privando así al Estado de las herramientas necesarias para impedir el ingreso de personas con antecedentes o relaciones inconvenientes para la seguridad ciudadana.

Así, se han colado con inmensa facilidad personas relacionadas a diversas actividades ilícitas que van desde el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal, hasta la manipulación política del descontento (fundado o infundado) de los pobladores para generar violencia. Es razonable pensar en nuevas herramientas más ágiles para detectar tempranamente estos casos, pero la realización de estas gestiones, el control biométrico y la detección de documentos personales falsos, más que de una ley requiere de una coordinación eficaz con las policías de otros países, salvo que se esté pensando en exigir visa de turista.

El control y detección en nuestras pistas y puertos de insumos y mercancías restringidas o prohibidas tampoco requiere de normas adicionales específicas, salvo en materia de precintado electrónico. Bastaría con licitar servicios de arcos de detección electrónica, que, instalados en vías y accesos, detectarían rápidamente estos bienes sin demorar el transporte.

Por razones esotéricas, seguramente copiadas de alguna realidad caribeña, se otorga exagerada relevancia a la erradicación de la chatarra vehicular en la vía pública, operación para la que basta y sobra una norma a nivel municipal.  La chatarra vehicular -privada o estatal- ya se comercializa como tal, así que para este tema de absoluta irrelevancia tampoco haría falta norma ni delegación.

La actual legislación de Seguridad Privada solo requiere pequeñísimos ajustes, como permitir que quien cuida bienes se pueda desplazar con estos y elevar a 3 o 5 años la vigencia del carnet de vigilante y, puesto que se otorga en razón de las características de la persona, no tiene sentido hacerle perder tiempo y dinero tramitándolo cada vez que se cambia de empresa. Hay disparates de alto riesgo en la propuesta que envió el Ejecutivo al Congreso que espero no prosperen en esta vía rápida por delegación. Me refiero a bajar la valla para el transporte de valores, que haría más sencillos y productivos el lavado de activos y los atracos a esta clase de vehículos, que hoy no pasan de intentos fallidos.

Otra iniciativa que entusiasma a los ¨Pedraza boys¨ es obligar a que se le informe al SUCAMEC el nombre y el armamento de cada vigilante contratado por cada particular, así como las características de los sistemas de alarma o cámaras de circuito cerrado o, en el colmo del paroxismo castrista, el contenido de lo que esas cámaras registren. Es decir el paraíso de los cacos. ¿No basta la evidencia del mal uso sin sanción de la DINI? ¿No han leído las estadísticas del INPE y el PJ?. Ese tipo de información solo debe ser accesible a unidades especializadas, previa orden de un juez ad-hoc para la prevención (por eso el juez) o investigación de delitos.

Ojalá que la racionalidad se imponga y no sea necesario que los otros dos poderes del Estado tengan que salir al rescate del ciudadano honesto.

Por Dardo López-Dolz

14 – Jul – 2015