¿Estamos seguros de la política de seguridad?

Un problema policial, social, político y económico

La inseguridad es uno de los temas, si no el más importante, que preocupa en la agenda del gobierno próximo. Al respecto quisiera hacer algunas precisiones, porque creo que el tema es complejo y de difícil abordaje, porque requiere un consenso en torno a las medidas y no puede dejar de entenderse como multidimensional.

Primero: la seguridad no es un problema solo de reacción. En este sentido, si bien hablar de articular tres ejes —policía, sistema carcelario y sistema de justicia— resulta imperativo, debe comprenderse que estos solo atañen al aspecto punitivo de la seguridad. Para todo crimen debe haber un castigo proporcional en la ley.

Segundo: la seguridad tiene un aspecto proactivo que contempla “evitar” el crimen. ¿Por qué una parte de la sociedad se inclina a delinquir? El tema entonces adquiere matices sociológicos, en el sentido económico y social y, si queremos ser coherentes, toca la dinámica socioproductiva. La sociedad falla en ofrecer recompensas al esfuerzo útil y legítimo, por lo que el ciudadano decide apartarse de la legalidad. Nadie pretende hacer del criminal una víctima, porque hay criminales que en efecto solo son eso, criminales. Pero cuando las proporciones de la delincuencia alcanzan cifras tan altas, cabe preguntarse si algo está fallando en el sistema, al punto de hacer más apetitoso actuar al margen de la ley que mantenerse en el carril del contrato social.

Entonces hay que abordar la seguridad de forma interinstitucional, coordinando políticas entre el sistema propio de la seguridad (interior, justicia, defensa) y el socioeconómico (desarrollo social, producción, educación y economía). Debemos atacar el problema de raíz, desde la prevención del delito, haciendo del ciudadano un elemento engranado en el sistema nacional para el progreso como sociedad.

Tercero (y nunca último): la seguridad es un problema de convivencia. En este sentido, la articulación de un Plan de Seguridad reactivo, preventivo y proactivo debe ser también prospectivo. No hay forma de concebir la prospección sin comprender las oportunidades, debilidades y amenazas que hay en un territorio y en la relación entre territorios. Por ello, un Plan Nacional de Seguridad debe conjugar los distintos niveles de gobierno. Los gobiernos locales deben tener una labor clara y coordinada con el gobierno nacional. Los serenazgos y los vecinos deben comprender cuál es el rol que deben cumplir en la asunción de las políticas enfocadas a mitigar la inseguridad. Desde la vigilancia y articulación de operativos hasta la actitud cívica de las organizaciones de la sociedad civil frente a la autoridad, y la denuncia oportuna de actividades sospechosas.

Pretender solucionar el problema de seguridad solo pensando en el delincuente, olvidándose de la propia sociedad es un craso error. No se trata de asumir el papel de verdugos del delincuente únicamente, se trata de contender las causas que capturan a jóvenes y adultos y los apartan del camino pactado en el sistema.

Tampoco se debe asumir la actitud cómoda y delegativa de “yo pago mis impuestos, usted garantice mi seguridad”. Es algo infantil en una sociedad hipercompleja como la actual, porque no se trata nada más del monopolio de la fuerza coactiva. Cada quien debe hacer su labor, y los ciudadanos no estamos exentos de la tarea que hemos pactado en la Constitución. Al menos no en un sistema que se dice republicano. Recordemos: La “res” es pública.

Nancy Arellano

@nancyarellano