Úrsula Letona

Úrsula Letona

¡Esta es una medida arbitraria y discriminatoria!

Sobre el allanamiento a los locales de Fuerza Popular

¡Esta es una medida arbitraria y discriminatoria!
Úrsula Letona
11 de diciembre del 2017

 

Lo decimos fuerte y claro: la fiscalía está teniendo una actuación arbitraria y discriminatoria contra Fuerza Popular. Esa es la explicación que encontramos al allanamiento de nuestros locales partidarios del jueves último, pues los argumentos en los que se sustentó ese allanamiento carecen de asidero jurídico, lo que más ha obviado el fiscal José Domingo Pérez y que ha derivado en que se sorprenda al juez Concepción Carhuancho. Cabe destacar que el fiscal Juárez, quien tuvo a su cargo esta misma investigación, realizó por más de un año una serie de diligencias, actuaciones y citaciones a una gran cantidad de aportantes a Fuerza Popular, sin encontrar evidencia alguna sobre la comisión de algún ilícito penal.

Otro aspecto que nos llama poderosamente la atención es el hecho de que el fiscal Pérez haya sustentado el pedido de allanamiento en una anotación que supuestamente habría realizado Marcelo Odebrecht respecto de Keiko Fujimori, pero que groseramente haya omitido consignar y valorar la última declaración que prestó el señor Odebrecht hace poco de un mes en Curitiba ante él. ¿Porque se ha obviado evaluar y ponderar tan trascendental declaración en la resolución que autorizó el allanamiento? ¿Sesgo arbitrario y discriminatorio del fiscal?

Veamos los cuatro argumentos carentes de sustento que construyó el fiscal Pérez para sustentar la solicitud de allanamiento:

  1. Se señala que Fuerza Popular tiene doble contabilidad. Este argumento no se sostiene y pasa por el solo hecho de no entender cómo se llevan los “libros” de contabilidad, en los que se legalizan las hojas debidamente numeradas para evitar que sean alteradas. Con ese fin se realizó la legalización de tales hojas hasta en tres ocasiones en dos notarías. De los tres paquetes de legalizaciones, se entregaron todas las hojas originales al Ministerio Público, pero no las hojas en blanco porque, obviamente, no contenían información contable. ¿Pero de allí a presumir una doble contabilidad?

Otro argumento relacionado con la doble contabilidad pasa la indicación de un perito acerca de que en el primer libro figuraba Fuerza 2011, y los fiscales verificaron que figuraba también Fuerza Popular en los libros entregados por nuestro partido. Esto es muy sencillo y concreto: en la campaña del 2011 se participó con la denominación Fuerza 2011, por lo que en los primeros asientos contables figura obviamente esta denominación. Pero a partir de la segunda legalización, el partido ya se denominaba Fuerza Popular; es decir, hubo un cambio de denominación, pero sigue siendo la misma persona jurídica. ¿Esto es fundamento para señalar doble contabilidad?

  1. Se ha señalado que en la información proporcionada por Fuerza Popular existen facturas que no se corresponden con lo que se consigna en el informe entregado a la ONPE. Eso es FALSO. El fiscal Pérez no tomó en consideración el informe final que Fuerza Popular presentó ante la ONPE -entidad a la que se presentaba informes periódicos. Antojadizamente, el fiscal Pérez tomó como información de referencia del penúltimo informe, no el informe final que es absolutamente coherente con la información presentada por ante la fiscalía. ¿Falta de diligencia o intencionalidad de perjudicar a Fuerza Popular?

Es más, la ONPE ha declarado que sólo Fuerza Popular tiene en regla todas sus boletas, facturas, recibos, comprobantes, etc., he inclusive toda la información contable que la Fiscalía le ha solicitado a Fuerza Popular le ha sido alcanzada. ¿Dónde está la evidencia de la fiscalía de la investigación sobre las otras campañas que también tuvieron similar forma a la de Fuerza Popular para recaudar recursos para la campaña y que la ONPE no les ha dado “luz verde”? ¿Por qué esta discriminación?

  1. Se señala que Fuerza Popular tiene aportes no registrados o fantasmas. Existen cientos de aportes reconocidos, solo se ha generado la duda con relación a unos cuantos aportantes, que luego de casi seis años —y por diversas motivaciones que desconocemos hoy—, pese a tener el depósito y el recibo de aportes debidamente firmados, desconocen sus aportes. Explicaremos cada uno de los casos; pero ello tampoco sustenta la medida, dado los montos mínimos involucrados, a diferencia de los millones que se han evidenciado en los casos de Humala y Villarán. Sin embargo, ¿qué pasó con sus locales? ¿Han sido allanados?
  2. Como último argumento, la Fiscalía dice que el señor José Chlimper habría obstruido las investigaciones porque no informó sobre los aportes del 2011. Esto es FALSO. El señor Chlimper es militante de Fuerza Popular desde el año 2014 y ejerce el cargo de secretario general desde el año 2016. Brindó todas las manifestaciones que le fueron requeridas y, en el caso de la campaña del 2011, obviamente señaló solo la verdad: que no participó. Decir lo contrario sería mentir. ¿Este es un argumento para dar pie a una solicitud de allanamiento, medida absolutamente intrusiva y de carácter excepcional?

Adicionalmente a los temas planteados, el accionar de la Fiscalía ha sido discriminatorio porque: i) conforme lo han señalado diversos analistas, especialistas y políticos, nuestro país hace muchos años que no evidencia una medida tan invasiva contra un partido político, salvo situaciones antidemocráticas y de violencia, en el entendido que somos los partidos políticos la base de la democracia; ii) no se ha ejecutado medida de allanamiento o similar contra las empresas que bajo el consorcio de Odebrecht se habrían coludido para generar inmensos perjuicios económicos a nuestro país; iii) no se ha ejecutado medida de allanamiento o similar a otros partidos o líderes políticos —ni siquiera los que hoy están presos o con mandato de prisión preventiva— respecto de los cuales existen serios indicios y testimonios de haber recibido dinero de Odebrecht.

Todas y cada una de estas consideraciones nos llevan a concluir que la medida de allanamiento dispuesta no es más que una actuación arbitraria y discriminatoria, que involucra quizá también un profundo sesgo ideológico que pretende apagar, acallar y mitigar la voz de Fuerza Popular en la búsqueda de la verdad. Pero seguiremos en el duro camino, porque ese es nuestro encargo por parte del pueblo peruano. Esa es nuestra responsabilidad.

 

Úrsula Letona
11 de diciembre del 2017

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