Escogiendo batallas

Las propuestas de Fuerza Popular sobre la minería informal

Audazmente Keiko Fujimori ha declarado el interés de su partido en derogar los decretos legislativos 1100 y 1105, que establecen los procedimientos para formalizar a los mineros informales. Para ello, Fuerza Popular ha firmado un compromiso con los mineros informales para “buscar una verdadera formalización de la pequeña minería”.

“Este gobierno ha fracasado en la búsqueda de la formalización de los pequeños mineros” sostuvo Fujimori, y difícilmente alguien puede estar en desacuerdo con ella. Hace varios meses el ILD presentó un estudio en el que se demostraba que completar el proceso de formalización de los mineros informales diseñado por Pulgar Vidal tomaba 1,260 días de trámites y 87,849 dólares. En los últimos dos años solo se han logrado formalizar 207 mineros informales. Claramente, este es un proceso fallido.

Uno de los mayores problemas que enfrenta el Perú es la informalidad, pues el 70% del país se desempeña en ese sector. En El otro sendero (1986), Hernando de Soto busca explicar la informalidad y el costo que esta tiene para el Estado y el desarrollo del país. Para lograr la formalidad, lo primero son los títulos de propiedad, que deben ser entendidos no solo como la mera entrega de un título sobre una propiedad, sino como el reconocimiento de un derecho. Lo siguiente es la simplificación administrativa, para lograr que ese derecho sea plenamente reconocido y pueda ser ejercido por su titular.

Durante la década del noventa se implementaron grandes reformas. Lamentablemente, con el pasar de los años y sin una burocracia que entendiera la importancia de las instituciones, sumado a incentivos perversos, se retrocedió en lo avanzado y volvimos a hundirnos en la tramitología y el cobro desmedido de tasas y derechos. La mala descentralización implementada durante el gobierno de Alejandro Toledo, multiplicó las entidades ansiosas de cobrar rentas, y con ello la burocracia y los costos de transacción.

La minería informal y la ilegal se desarrollan fuera del marco de la ley, con terribles consecuencias no solo para el medio ambiente. Se lleva a cabo en zonas donde no existe presencia del Estado, donde quien manda es a quien se le teme. Esto es lo más parecido al “lejano oeste”: territorios sin autoridad, sin estado de derecho. La minería informal se rodea de ilegalidad desde el acceso a los bienes de capital (dragas) y los insumos que utiliza (gasolina, mercurio, cianuro), hasta la comercialización del mineral, que debe ser blanqueado a través del mercado formal. De acuerdo con un estudio de la SBS, setenta empresas formales habrían exportado cerca de 2,900 millones de dólares en oro de procedencia ilegal, y solo en el 2014. Claramente el Estado ha sido incapaz de lograr que los mineros informales sean “incluidos”, a través de la formalización, ni ha logrado tampoco erradicar la minería ilegal. Entonces, si el Estado ha fracasado, ¿no es lógico buscar una vía alternativa?

Tal como se ha sostenido en este portal el gobierno no solo ha fracasado en la formalización de los mineros informales, sino también en la preservación del medio ambiente. Y es que cuando las causas de la informalidad no se entienden, difícilmente se pueden diseñar políticas públicas exitosas. Lo ideal sería que Fuerza Popular también entienda que son las grandes inversiones mineras las que impulsan el crecimiento económico. Se estima que sin minería el Perú crecería entre 2% y 2.5%. Por ello harían mal en hacerle el juego a los antimineros.

María Cecilia Villegas