Es la ley, estúpido

Las imágenes de niños en jaulas, atribuidas a Trump —hasta que se descubrió que pertenecían a 2014, al periodo del “bien amado” por la prensa Barack Obama— y la manipulación amarillista en la carátula de Times (el niño de la foto que ha dado la vuelta al mundo y su madre no sufrieron captura, maltrato ni deportación), más allá del drama real de las familias desesperadas que abandonan su país e ingresan ilegalmente a otro y el impacto visual, traen a las primeras planas dos problemas muy actuales en nuestro Perú. El primero es la indecente manipulación de información e imágenes. para construir o destruir personas o instituciones, a la que se presta con desgraciada frecuencia un sector amplio de la prensa.

Hasta mi adolescencia, la prensa amarilla era minoritaria, marginal y despreciada por los sectores cultos. Hoy cuesta encontrar medios serios, que no hayan hipotecado o prostituido el lente y la pluma. Generaciones de profesionales jóvenes formados errónea y exclusivamente en la forma, sin conocimiento histórico, filosófico, jurídico ni económico y sin ganas de adquirirlo, antecedidos por otros que sí recibieron dicha formación académica tan valiosa (muchos de mis tiempos en la PUCP), pero cuya brújula perdió el norte de la verdad, por el magnetismo de la plata en el bolsillo propio, y que aceptaron ser dirigidos por personas cuyos valores caben en una billetera. Ellos convirtieron una profesión noble, en el más ruin de los oficios.

El segundo gran problema, transversal a la cultura iberoamericana, peligrosamente arraigado hasta en las elites intelectuales y la clase política (hago hincapié en las diferencias por la escasa coincidencia contemporánea de ambas), es la irracional creencia en el inexistente derecho a elegir cuáles normas legales obedecer y cuales no. Cimiento irremplazable y piedra angular de la democracia y el Estado de derecho (y del libre mercado) es que las normas legales son de obligatorio cumplimiento, mientras no hayan sido declaradas expresamente inconstitucionales (o ilegales en el caso de normas de menor rango) por el ente correspondiente en cada Estado.

Del mismo modo que a un ministerio, las FF. AA., la PNP o la Superintendencia mencionada en el artículo anterior (por dar ejemplos notorios) no les asiste el derecho a negarse a cumplir una norma legal ni a innovar contra legem via resoluciones o directivas u otras disposiciones administrativas, las personas que deciden vivir en un Estado están obligadas a respetar todas sus leyes, incluidas aquellas que rigen la materia migratoria, laboral y tributaria.

De un tiempo a esta parte, merced a la importación de un sentimiento de culpa cristiana europeo (ese continente que se está haciendo destruir) visiblemente amplificado y deformado, se viene considerando válida la no obediencia a una norma legal en razón a la raza, el sexo, el idioma o el lugar de nacimiento. O a alguna justificación económica de traslado de culpa, que se asemeja demasiado a la actitud de un adolescente tardío.

El mismo argumento que usa un extranjero que ingresa ilegalmente a otro país, sentimiento nacido de la manipulación antojadiza de una emoción, mal tamizada por la razón, es el que utiliza a diario el invasor de terreno ajeno, el conductor abusivo, el policía prepotente, el cura, el juez y el fiscal politizados, y el funcionario mal pagado que cree tener derecho a atropellar a o pedir coima.

Las sociedades solo prosperan bajo el imperio de la ley.