Eris, la diosa de la discordia

 

Durante los casi dos años del actual Gobierno del presidente Kuczynski, la actual segunda vicepresidenta y presidenta del Consejo de Ministros, Sra. Mercedes Aráoz, ha mantenido una actuación bastante cuestionable, habiéndose convertido —en lugar de un puente o nexo de diálogo con las diferentes fuerzas políticas— en un factor de conflicto y discordia constante, en desmedro de la actuación del Poder Ejecutivo.

Basta recordar algunos episodios de sus esfuerzos —intencionales o no— para generar discordia y confrontación horas previas a las presentaciones programadas del ex premier Zavala ante el Congreso de la República, cuando la señora Aráoz trajo a colación hechos o situaciones conflictivas, generando un clima de discordia entre ambos poderes; o ahora último, su destacada actuación en las negociaciones para evitar la vacancia en diciembre último del señor Presidente, que derivó en una acusación constitucional en su contra.

Hoy nuevamente la prensa en general, e incluso la aún ¨prensa amiga del Gobierno¨, involucran a la señora Aráoz en conflictos por pugnas de poder al interior del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que nuestra Constitución Política es clara y contundente: los peruanos que votaron por el presidente Kuczynski, confiándole la Presidencia de la República, lo hicieron por una plancha presidencial que —si bien es integrada por la Sra. Aráoz, como segunda vicepresidenta— también es integrada por el señor Martín Vizcarra como primer vicepresidente.

En tal sentido, en un escenario en el que el señor Kuczynski renuncie (existe la posibilidad, si desea apostar por una real estabilidad política) o sea vacado del cargo por cualquiera de las causales previstas en nuestra Constitución, los vicepresidentes de la República tienen la obligación y el derecho de asumir el cargo de Presidente de la República. Cualquier intento por impedir que ello ocurra sería no solo un atentado contra la democracia, sino un golpe institucional que dañaría aún más a la institucionalidad de nuestro país, de absoluta y exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Lo reiteramos: la renuncia del Presidente de la República sería la salida menos dramática para la crisis que afronta el país por responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Un nuevo escenario de vacancia por hechos de corrupción, que derive en una declaratoria de incapacidad moral permanente del Presidente Kuczynski, sería nefasto para nuestra democracia, que requiere una mayor consolidación.

Es importante leer con detenimiento las encuestas. La calle pide, casi en su totalidad, que el señor Kuczynski deje el cargo. Es evidente que la figura del Presidente de la República ésta en caída libre, por lo que lo digno, lo patriótico y lo lógico es que deje de lado esa actitud tan criticable de aferrarse al poder y, ante las evidencias existentes, renuncie. Esta coyuntura demanda que los vicepresidentes asuman su juramento de respeto al orden constitucional vigente, que implica además un orden sucesorio previsto en nuestra Constitución.

Está clarísimo que amenazar al país con una renuncia en bloque de los vicepresidentes es una actitud antidemocrática que todos los peruanos rechazamos, por ello exigimos que cesen tales amenazas. No más mentiras ni negociaciones por debajo de la mesa para quebrar voluntades, bajo el pretexto de la tan mentada gobernabilidad, pues esta es inviable con un Presidente ausente, carente de liderazgo y cuestionado por gravísimos hechos de corrupción.

Es importante señalar que, en caso de que el señor Presidente de la República se mantenga en esta actitud renuente, conduciendo al Perú a un abismo y situaciones extremas —como volver a votar una vacancia por incapacidad moral permanente, derivada de las nuevas acusaciones de corrupción— corresponderá al Poder Legislativo actuar de acuerdo a la Constitución, sin realizar cálculos políticos, pensando siempre en lo mejor para nuestro país, haciendo lo posible para poner fin, de una vez, a esta grave crisis de gobernabilidad generada por el Poder Ejecutivo.

Nuestra Constitución señala en el artículo N° 123 que corresponde a la Presidenta del Consejo de Ministros ser, después del Presidente de la República, la portavoz autorizada del Gobierno, por lo que su actuación debe procurar el bien común y evitar la discordia y el conflicto; pero sobre todo debe actuar con la verdad siempre de su lado. Hágalo no solo por ser un mandato constitucional, sino porque el país así se lo demanda.