Enfermos de corrupción

Un problema que atraviesa a toda la sociedad y que demanda reformas urgente para superarlo.

Las constantes denuncias de casos de corrupción plantean la necesidad de emprender reformas que acaben de raíz con un problema que atraviesa de manera transversal a nuestra sociedad. Porque es falso que solo los políticos son corruptos. Somos un país enfermo de corrupción. 

El mal está en todos lados: el manejo de los fondos de los gobiernos regionales y locales; la venta de impunidad al crimen en fiscalías, juzgados, comisarías y cárceles; el saqueo de los fondos de la defensa por malos militares, la venta de plazas en los sectores Educación y Salud, el tráfico de medicamentos en los hospitales públicos, la venta de guías oficiales a traficantes de maderas o químicos, las coimas por inspecciones, licencias, permisos y autorizaciones, y un largo etcétera. 

Todo ello se resume en dos palabras: descomposición institucional. El Foro Económico Mundial nos confirma esta realidad al ubicar al Perú en el puesto 118 del ranking de calidad de instituciones, entre un total de 144 países. Es decir, estamos casi en el sótano. 

El investigador Javier Urrunaga. calcula que uno de cada tres soles de los presupuestos de inversión del país van a parar a los bolsillos de autoridades corruptas. Si el presupuesto de obras asciende a unos 39,000 millones de soles, significa que el Perú pierde unos 13,000 millones de soles al año en corrupción, solo en este rubro. 

Los cuatro únicos presidentes regionales procesados por corrupción administraron presupuestos de obras por un total de 733 millones de soles. Si se le aplica a esa cifra la coima promedio de 30% por obra, hablamos de unos 227 millones de soles perdidos. 

La descomposición institucional también contribuye a la desaceleración del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, así como al avance de la delincuencia. Lentifica el crecimiento económico adrede al imponerles a las inversiones trabas burocráticas con el fin de cobrarles coimas en la concesión de licencias y permisos en ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. La corrupción institucional daña sobre todo a los pobres, al apropiarse de los fondos destinados a mejorar las escuelas, las postas médicas, a darles seguridad, caminos, redes de riego, servicios de agua y desagüe, etc. Sostiene además el andamiaje de impunidad que protege al crimen organizado y la delincuencia, que cada día matan a ciudadanos o los despojan de sus propiedades. El crimen crece porque no paga. Las autoridades policiales, judiciales y penitenciarias lo cubren de impunidad en lugar de castigarlo, a cambio de sobornos. 

Según el Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el lugar 137, entre 144 países, en confianza ciudadana en la policía. Y según el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad, ocupamos el último lugar en el índice de confianza de las personas en la justicia. Así estamos. 

¿Qué hacer? Asumir el reto. Lo más urgente es frenar el derramamiento de sangre que ocasiona la delincuencia, lo cual implica acabar cuanto antes con la la impunidad que la protege desde el estado: reestructurar la policía, la justicia y el sistema penitenciario ya mismo. 

Frente al robo de los recursos del estado solo queda reestructurar la regionalización y construir un nuevo Sistema Nacional de Control eficiente, moderno y, sobre todo, autónomo. Es inconcebible que la Contraloría General de la República no tenga autonomía, fondos ni personal suficiente para prevenir y perseguir la corrupción. Finalmente hay que liquidar las instituciones descompuestas y crear otras nuevas, como en los 90. Los pocos organismos públicos que funcionan hoy se crearon entonces como el soporte institucional del nuevo modelo económico: Sunat, Aduanas, Sunarp, Indecopi, MEF, Energía y Minas, Mincetur, Promperú, Proinversión y organismos reguladores.   

La gran reforma que necesita el Perú para despegar hacia el desarrollo es acabar con la corrupción. ¿Alguien lo duda?   

Por Víctor Robles Sosa
03 - Mar - 2015