En respuesta a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Continúa la polémica sobre las supuestas “esterilizaciones forzadas”

La CNDDHH publicó el 3 de Junio un comunicado titulado: “Esterilizaciones Forzadas. Las falacias de Cecilia Villegas”, en el que expresan su “contundente rechazo” a los resultados de mi investigación sobre el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) implementado entre 1996-2000. Califican además de “grave que en la actual coyuntura el Canal ATV+ invite a la señora Villegas a exponer opiniones infundadas”. La CNDDHH busca limitar mi derecho constitucional a la libertad de opinión y de expresión, y el de los ciudadanos peruanos al acceso a la información. Ello en la medida en que esa información atenta contra los intereses particulares de la CNDDHH.

El PNSRPF fue diseñado siguiendo los lineamientos de las conferencias de El Cairo(1994) y Beijing(1995), que buscaron impulsar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El objetivo era reducir las tasas de mortalidad materno/infantil mejorando las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad. Se ponía énfasis en la población del interior, por la desigualdad que existía, pues sus indicadores de salud eran entre tres y cinco veces peores que los de Lima. Si en Lima la mortalidad materna era de 185/100,000 nv, en Ayacucho era 1039/100,000; si en Lima morían 26 niños por cada 1000 nv, en Huancavelica morían 106. Si la tasa de fertilidad en Lima era 2.6 hijos por mujer, en Huancavelica era 6.5; solo uno de cada cinco nacimientos ocurría en un hospital. En 1993, 1670 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo, parto y posparto.

La Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro informes defensoriales sobre el PNSRPF. En ninguno de ellos consideró que este programa constituía una política de Estado de esterilización forzada. Por el contrario, el informe N°. 69 revisó 773 denuncias del periodo que va de 1999 a 2002, incluyendo las denuncias de casos ocurridos luego del final del régimen de Fujimori, y concluyó que “aunque los servicios de PF no favorecían la AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria), hubo algunos reportes de casos aislados”. Durante la implementación del programa fallecieron 18 mujeres; entre ellas Mamerita Mestanza, quien tenía 33 años y 7 hijos cuando murió, 9 días después de la intervención. En esos 18 casos no fue la AQV lo que acabó con la vida de las víctimas, sino una falla de los médicos que realizaron las operaciones, y la dejadez en el postoperatorio.

El programa no buscó controlar la natalidad, sino que las mujeres pobres pudiesen acceder a servicios de salud de manera gratuita, beneficiando a 850,000 familias al año. El PNSRPF informaba y educaba sobre sexualidad y proveía de todos los métodos anticonceptivos disponibles, incrementó el número de centros de salud, facilitó e impulsó el acceso al cuidado pre y posnatal y los partos institucionalizados. Como resultado de la implementación del programa, se redujo la mortalidad materna en 30%. En 1997, el año que más AQV se realizaron, el 33.6% de usuarias eligió Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU, 12% condones y 13% eligió una AQV. ¡El 87% de los beneficiarios eligió una opción distinta a la AQV!

La defensoría ha documentado 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento, de un total de 254,455. Esto es el 0.06% del total de las intervenciones. Ni una sola esterilización debió ocurrir sin consentimiento, porque nadie puede disponer sobre el cuerpo de una mujer; y los médicos que las realizaron deben ser llevados a la justicia y las víctimas indemnizadas. Pero difícilmente se puede concluir que este fue un programa de esterilización forzada implementado por el gobierno peruano.

María Cecilia Villegas