En defensa de la democracia

Sobre la marcha convocada por Julio Guzmán

El fallo del JNE que ratifica la resolución de la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas (DROP) en cuanto a los aspectos administrativos, deja en manos del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, la decisión final de aceptar o rechazar la inscripción de Julio Guzmán. Semejante  hecho ha llevado a que el candidato de Todos Por el Perú (TPP) convoque a una  “marcha por la democracia”. Parece que Guzmán cree que si no se le permite postular la democracia peruana se pone en peligro. “Quieren crear incertidumbre y apagar el fuego dentro de nosotros. ¿Lo vamos a permitir?” sostuvo el candidato.

Semanas atrás sostenía en este portal que en el Perú para obtener lo que uno quiere, poco importa si la razón y la ley lo acompañan. La  ley, el estado de derecho y las instituciones parecerían no existir. La mejor forma de hacerlo es tomando carreteras, quemando llantas, generando terror y desorden. Guardando las distancias, eso es lo que pretendería Julio Guzmán: iniciar un levantamiento civil contra la resolución de la máxima autoridad en materia electoral. Hace unos años la candidatura de Alex Kouri a la Municipalidad de Lima fue tachada. Kouri, que lideraba las encuestas de intención de voto, quedó fuera de carrera y la democracia en el Perú jamás sufrió. Quienes sufrimos fuimos los limeños por la elección de Susana Villarán, pero es otra historia.

Es poco serio que Guzmán quiera convertirse en el adalid de la democracia y cuestionar al JNE sosteniendo que: “ser corrupto le da crédito o bonos a unos para que tengan más opciones de participar en las elecciones presidenciales”. El candidato añadió que “el que se beneficia es ese régimen autoritario que violó los derechos humanos de miles de peruanos”. Refiriéndose al fujimorismo, que nada tiene que ver con los errores de TPP, vehículo político adquirido para llegar a palacio por Guzmán demasiado tarde y sin ajustarse al derecho.

No obstante, la decisión del JNE no debe escaparse de críticas. Tal como sostuvo Cecilia Valenzuela (EC 17.02.16) es increíble que el JNE no haya resuelto esto en diciembre. Más aun, que necesitara cinco días hábiles, ¡a menos de 8 semanas de las elecciones! para emitir una resolución. Dicho sea de paso, el fallo no concluye el proceso sino que lo alarga generando confusión en los electores, quienes aún no entienden si Guzmán va o no.

Mientras tanto, Carolina Lizárraga, candidata a la segunda vicepresidencia sostiene que, “si es que este juzgado declara en nuestra contra y nos tacha, apelaremos (…) Pensamos ir hasta la CIDH de ser necesario.” Ello para discutir, sostiene, “qué vale más, nuestro derecho constitucional a participar en las elecciones o los requisitos formales”.

Y aquí es importante señalar, que más allá de si estamos de acuerdo o no con la ley electoral  (sobre cargada de requisitos y trámites), la ley es la ley. Y esta debe ser cumplida mientras esté vigente. En un Estado de Derecho, el imperio de la ley debe primar por encima de las posiciones personales, aunque esto implique anular la inscripción de un candidato que tiene el 20% del apoyo popular.

Las ansias de Guzmán, Lizárraga y sus partidarios de llegar al poder no deberían estar por encima del respeto a las leyes y las instituciones. Si Guzmán quiere, como dice, cambiar el país, es un error comenzar atropellando las pocas instituciones que aún existen.

MARÍA CECILIA VILLEGAS