En blanco

Estrategias para contener la ola delictiva

El ataque terrorista en Bogotá, perpetrado por fanáticos animalistas, y las y cada vez más contundentes pruebas de la presencia creciente de los grupos radicales islámicos en nuestro subcontinente latinoamericano, en evidente alianza con las satrapías bolivarianas, debieran encender las alarmas de nuestras autoridades para que no tengamos que volver a pagar al alto precio que pagamos los peruanos al ser tomados por sorpresa por Sendero Luminoso y el MRTA.

Vivimos tiempos en que muchos ondean las banderas de la tolerancia. No obstante, a menudo quienes abogan por la tolerancia, demuestran cierto entusiasmo cuando quienes piensan como ellos ejercen la violencia (incluso letal) contra quienes piensan diferente que ellos. Quien considere que su afecto hacia otras especies animales le otorga el derecho a atacar vidas humanas es un terrorista y un enemigo de la humanidad, y como tal debe ser tratado.

Ninguna motivación, afecto, afición, gusto o disgusto valida el derecho a lesionar vidas humanas. Solo es lícito ejercer la fuerza letal en defensa de la patria o en defensa de la integridad personal o patrimonial propia o de los seres queridos, frente a una agresión ilegítima que la pone en peligro. Cuando las fuerzas de seguridad de un Estado hacen uso de la fuerza letal, lo hacen (o lo deben hacer) solo como continuidad delegada de lo descrito. El uso de la fuerza letal contra seres humanos por causas hedonistas, diferencia cultural u obtención de beneficio económico es inaceptable.

La creciente violencia de los integrantes de las bandas de narcotraficantes, la cada vez menor edad de los sicarios, la aceptación social de conductas delictivas antes marginales —como la venta de drogas ilegales— son consecuencia previsible de este mundo irremediablemente globalizado en el que la imitación de las modalidades delictivas vuela en tiempo real.

Es responsabilidad ineludible de los tres poderes del Estado ponerse al tanto y trabajar inteligentemente en la construcción de herramientas jurídicas, capacidades estratégicas y tácticas que permitan contener rápidamente las nuevas formas delictivas, para disminuir su impacto sobre la gente de bien y sobre la economía.

Es prioritario trabajar en normas legales que permitan enfrentar al enemigo dentro de la ley. Una norma que penalice efectivamente la sola pertenencia a una organización criminal o terrorista (para esto último podríamos usar el listado de la ONU añadido a SL, MRTA y sus órganos de apoyo), la sanción al negacionismo de la violencia que desataron los terroristas, un marco legal sólido para la ciberseguridad y la ciberinteligencia son tareas que el Congreso debiera asumir.

Al Ejecutivo le toca, entre otras tareas, reconstruir la recientemente maltratada moral de las fuerzas de seguridad. Y dotarlas de los medios necesarios para que puedan concentrarse en exclusividad a la realización de la labor para la cual existen.

Al Poder Judicial le corresponde capacitar y especializar jueces que puedan entender las nuevas formas delictivas y que la historia se mueve, y lo hace rápido. Lo que funcionó ayer —como las rondas, hoy altamente politizadas y penetradas por el narcotráfico—, no funciona más.

Si el gobierno no se despabila, todos pagaremos el precio.