El talón de Aquiles de la salud pública

Se necesita un análisis financiero del funcionamiento del SIS

La situación de emergencia de la salud pública en el Perú no es ninguna novedad. Es un enfermo que adolece de indiferencia y postergación en la agenda política, quizás porque mantenerlo en esa situación resulta ser el conveniente “caballito político” en las campañas electorales. Pero hoy puede resultar un riesgo significativo para el éxito de la gestión gubernamental, a propósito del sonado “negociazo” de Carlos Moreno.

Este caso de presunta corrupción lo que hace es evidenciar el estado de crisis que atraviesa el Seguro Integral de Salud, que cuenta con más de 17 millones de beneficiarios, entre personas de extrema pobreza y en estado de vulnerabilidad. La alta demanda que afronta lo ha llevado a celebrar contratos y convenios con 123 entidades privadas para la prestación de servicios a los asegurados, contratos y convenios que hoy están siendo revisados por la Contraloría General de la República.

Que un sistema de cobertura prestacional carezca de políticas de fiscalización de gasto y financiamiento es realmente preocupante. Esto, sumado a la deficiente y tardía atención a los pacientes, así como las críticas a los procedimientos de elegibilidad de sus afiliados, nos revela que en cualquier momento este sistema puede colapsar. Especialmente por la falta de transparencia y del necesario análisis financiero de los costos de las tarifas y el gasto que significa mantener el SIS operando de forma eficiente.

De otro lado, no debemos olvidar a ESSALUD y las denuncias por la deficiente atención a los pacientes, sobre todo en los servicios de emergencia de los hospitales a nivel nacional; además de la falta de recursos humanos, de equipamiento y la carencia de medicamentos, entre ellos los genéricos y las vacunas infantiles. En esa misma línea, otro de los temas que más preocupan es el mercado negro de medicamentos que solo deben ser distribuidos por ESSALUD, y que sin embargo se venden en las boticas de los alrededores de los hospitales.

Asimismo, otro problema es el alto costo de los fármacos idénticos, como los empleados para el tratamiento del cáncer, que tienen un margen de diferencia de hasta el 87%, de acuerdo al Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU). Siendo el cáncer un problema de salud pública, es necesario que se amplíen las coberturas del tratamiento de esta enfermedad para permitir a los pacientes acceder a estos medicamentos a precios justos y accesibles. Y también hacer campañas preventivas de las neoplasias más frecuentes, como las de próstata y de mama.

Si bien es cierto que el gobierno ha planteado iniciar una reforma estructural de la Salud Pública, trabajando de la mano con la Contraloría para mejorar la gestión de sus servicios, también la Defensoría del Pueblo es un actor de relevancia constitucional para la vigilancia de la administración estatal, a fin de lograr un cambio estructural. En ese sentido, es importante el énfasis puesto por Walter Gutiérrez, el actual Defensor del Pueblo, en la supervisión de la gestión de los servicios públicos, enfocándola en la protección del usuario de estos servicios.

El Indecopi, como ente regulador, está encargado de vigilar el cumplimento de las normas de protección de los usuarios de los servicios públicos, y debe sancionar al proveedor en tanto exista la infracción normativa. Pero también es necesario enfocar la protección desde la afectación del derecho fundamental a la salud, cuya defensa no solo debe accionarse por el usuario, sino que exige una vigilancia de oficio por parte del Estado. Por ello resultan necesarios y bienvenidos aquellos pronunciamientos que sean capaces de fortalecer la institucionalidad pública en base a la defensa de la dignidad humana, y que garanticen el acceso a la salud en igualdad.

Elizabeth Zea Marquina