El SNIP y los snipólogos

A pesar de las críticas del presidente el SNIP resulta necesario

Desde que se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) —en junio del año 2000, en los últimos meses del gobierno del presidente Alberto Fujimori— ha surgido en el Perú un segmento de profesionales especializados en elaborar proyectos de inversión pública, a quienes se les llama “snipologos”. Una especie de tecnócratas especializados en elaborar perfiles, estudios de factibilidad, expedientes técnicos o realizar el control posterior de las obras ejecutadas.

Este segmento profesional constituye un importante capital humano, formado durante 16 años de aplicación de un sistema que, por lo demás, funciona con sus propias particularidades en todos los países latinoamericanos. Son ingenieros civiles, arquitectos, contadores, abogados, economistas, ingenieros ambientales y de otras profesiones afines, especializados en cada ministerio, región, municipalidad o en el propio sector empresarial, o como consultores independientes. Más recientemente, un sector de ellos ha incursionado en el campo de las asociaciones público privadas, en las llamadas “Obras por Impuestos” o la elaboración de iniciativas para los Comités de Promoción a la Inversión Privada.

Es desde este sector donde surgen muchas ideas de proyectos y un mercado cautivo de profesionales, contratados por el Estado y la propia empresa privada. La propia universidad ofrece estudios de segunda especialización para capacitar a mayores sectores. Y como era previsible, el discurso del presidente de la República diciéndole “Chau al SNIP” o refiriéndose a este sistema como el “maldito SNIP” ha generado diversas reacciones en este sector. Hay quienes se aferran casi dogmáticamente al sistema; y quienes creen que deben realizar cambios sustantivos a este sistema de inversión. Como siempre ocurre, hay más papistas que el papa y no llegan a entender que, luego de 16 años de su implementación, el sistema requiere una reforma fundamental, orientada fundamentalmente a corregir las rigideces de la norma que impiden la inversión pública más rápida.

La confusión surge de que la reforma que va a realizar el MEF en el SNIP no tiene correspondencia con las frases grandilocuentes del presidente. Es casi imposible que el Ejecutivo derogue íntegramente este sistema. El Estado debe contar con un sistema de control de calidad de los proyectos de inversión que van a ejecutar; en caso contrario volveríamos a la época de la carreta, cuando los proyectos se ejecutaban a dedo, sin criterios de priorización ni expedientes técnicos. Aquella confusión se multiplica por la iniciativa del MEF para crear instancias descentralizadas de Proinversión; una reforma diferente, pues ella se refiere a instancias de promoción del sector empresarial, para acceder al mercado de capitales. Son dos cosas distintas, aunque en ambos casos se necesitan proyectos de gran dimensión que requieren un control de calidad para asegurar una buena inversión.

Lo que deberían hacer los llamados “snipólogos” es poner los puntos sobre las íes para sincerar el debate. ¿Qué fases del proceso de elaboración del proyecto podrían acortarse para disminuir plazos? ¿De quién es la responsabilidad para lograr la asignación presupuestal de un proyecto de gran dimensión? ¿Es culpa del SNIP que la elaboración de un proyecto tarde tanto, cuando son otras entidades las que impiden un proceso de contratación? ¿Es culpa del SNIP que un proyecto esté paralizado por la falta de opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura o de los famosos Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)? ¿No es cierto acaso que muchos proyectos se traban por falta de coordinación entre entidades públicas, cuando se requiere ejecutar expropiaciones u otras medidas? Hay que responder a estas interrogantes con propuestas específicas.

Incluso, los menos informados creen que el SNIP es una entidad o dependencia estatal, lo cual es un craso error. El SNIP es esencialmente un sistema, tal como el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) o el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Es un sistema de elaboración y control de elaboración de la calidad de proyectos de inversión pública, sujeto ahora a una reforma, como cualquier sistema que ya cumplió 16 años de existencia.

No se trata pues de aferrarse dogmáticamente a un sistema ni mucho menos desaparecer el SNIP, lo que sería como “votar al niño con el agua de la bañera”.

Neptalí Carpio