El servicio público de la educación

La radicalización debe ser proscrita del sistema educativo

Las huelgas docentes no son novedad, como no lo es la aparición del denominado Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (Conare), facción radical y brazo ideológico del Movadef, en medio de los reclamos de los profesores del SUTEP. Estas organizaciones amenazan irrumpir en el escenario político con su funesta lucha contra la reforma magisterial y de la gestión educativa, infiltrándose con violencia e intolerancia para traer abajo toda pretendida mejora del sector, ante la nula previsión por parte del gobierno.

Es la misma historia de hace diez años, con la diferencia de que en aquella oportunidad la gestión del sector educativo —liderado por el ingeniero José Antonio Chang— le puso fin a las pretensiones obstruccionistas con la Ley Nº 28988. Esta ley declaraba a la Educación Básica Regular como un servicio público esencial, para cuya reglamentación creó el Padrón Nacional de Docentes Alternos, aptos para prestar servicios ante la suspensión del servicio educativo.

Posteriormente el Tribunal Constitucional, en su Sentencia Nº 00026-2007/PI /TC, reafirmó el carácter binario de la educación, no solo como derecho fundamental sino también como una prestación pública sujeta a fiscalización para garantizar la continuidad del servicio educativo, razonamiento constitucional concordante con la Ley General de Educación. La radicalización debe ser proscrita del sistema educativo.

Esto no significa que el reclamo de los profesores carezca de justicia, más aún considerando que el gobierno no ha llegado a cumplir con el aumento salarial prometido. Pero de ninguna manera el ejercicio del derecho a huelga puede exceder los límites constitucionales planteados, como son el ejercicio democrático y en armonía con el interés social. Además, el pedido justo de incremento salarial, para ser viable, debe ser compatible con un aumento del gasto del PBI hasta un 2%, porcentaje difícil de alcanzar.

De otro lado, sumado al mal manejo de las mesas de diálogo por parte del Ejecutivo, llama la atención la escasa coordinación entre el nivel gubernamental central y regional, producto quizás de una inoperante descentralización educativa. De un lado tenemos la insistencia de la centralización de políticas distributivas de recursos en manos del Minedu, y de otro los vacíos en la asignación de competencias entre los tres niveles de gobierno y la poca empatía de los gobiernos regionales con las necesidades educativas de su región.

¿Cuántas regiones han logrado impulsar y adecuarse a las políticas públicas de reforma educativa? ¿Cuántas priorizan los gastos de capacitación docente en sus partidas presupuestales? ¿Cuántas emprenden estrategias de identificación con su respectiva circunscripción territorial para controlar la migración docente? ¿Hasta qué punto el Minedu ejerce su labor rectora y de supervisión de los lineamientos de adecuación descentralizada en las UGEL?

El gobierno entra en su segundo año sin una visión integral de la problemática docente en el país. Es momento de retomar la agenda de la descentralización y la modernización del servicio educativo, de compatibilizar competencias y consensuar prioridades. En lo único que no se puede ceder es en la reforma magisterial emprendida, pues de eso depende, en gran parte, el éxito de una verdadera revolución educativa.
 

Elizabeth Zea Marquina