El referéndum y los privilegios del Congreso

La abrumadora demanda popular por una reforma constitucional para impedir la reelección de los parlamentarios es equivocada, pero expresa un sentimiento más hondo. Se trata de un catalizador del hartazgo ciudadano sobre la calidad de la actual representación. El desafío radica en neutralizar o canalizar ese descontento en un sentido positivo. Y nada se logra oponiéndose a rajatabla a esa reforma cuando, por otro lado, no se propone ningún cambio en el funcionamiento de un Congreso que, para la sociedad, aparece como una isla de privilegios y de impunidad.

El dato estadístico que demuestra que cada cinco años menos del 25% de parlamentarios es reelegido resulta contundente. Pero no resuelve el otro problema: ¿por qué tendríamos que soportar los peruanos durante cinco años a representantes probadamente mediocres o con casos evidentes de corrupción o con signos evidentes de ligazón con el narcotráfico y otras actividades ilícitas? Ese es el asunto no resuelto. Si el presidente puede ser vacado en menos de 15 días; si alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros regionales pueden ser revocados o vacados de acuerdo a ley, ¿porque un parlamentario no puede estar sujeto a un procedimiento similar? Es esa la interrogante que nuestro sistema político no ha resuelto.

La inmensa mayoría de la población no ve al Congreso como el primer poder del Estado, sino como el poder estatal en el que los parlamentarios pueden hacer lo que les da la gana, sin ningún tipo de control ni parámetros. Pueden subirse el sueldo como quieren y cuando quieren o aprobar una ley que exonere al Congreso del control directo de la Contraloría. Además los parlamentarios y su personal tiene un sistema de salud privado; poseen un mecanismo de contratación de personal, especial y bastante laxo, que no existe en otras entidades; no tienen techo presupuestal cada año, sus gratificaciones son las más altas del sistema remunerativo estatal, etc. Y así podríamos enumerar una serie de privilegios que convierten al Congreso en una isla en todo el Estado.

La sociedad no percibe al parlamento como un lugar donde se ejerce la meritocracia, la rigurosidad o el principio de inmediatez para sancionar a aquellos “padres de la patria” que mintieron en sus hojas de vida. Más bien lo percibe como el recinto donde la inmunidad es utilizada para evitar que se juzgue a un personaje que delinquió en el pasado, utilizando ese antiguo derecho para no ser juzgado, como cualquier inmortal. Es un lugar donde la gran mayoría de acusaciones constitucionales son archivadas bajo la tradición del “toma y daca” entre una bancada y otra. Ese “primer poder del Estado” es el que exhibe menores índices de transparencia en sus sistemas de contrataciones, ejercicio presupuestal y la manera en que se generan las leyes o dictámenes en cada una de las comisiones.

La equivocada pretensión de un gran sector de la sociedad de impedir la reelección parlamentaria aparece como un espejismo para lograr la probidad del Congreso; o como una venganza, cuando en realidad la medicina puede ser peor que la enfermedad.

Otras democracias en el mundo ya han resueltos estos dilemas, por lo cual el Perú aparece bastante retrasado. Son los casos de la renovación por tercios del Congreso, las restricciones en el ejercicio de la inmunidad parlamentaria o la capacidad de veto que pueden tener los otros poderes del Estado, frente a una excesiva discrecionalidad del parlamento para el manejo de recursos y remuneraciones. Colombia, por ejemplo, a raíz del avance del narcotráfico, ha establecido restricciones a la inmunidad parlamentaria desde 1991. La renovación por tercios del Congreso en Estados Unidos, a mitad del mandato presidencial, funciona con éxito en ese país del norte desde hace mucho tiempo. Y en otros países la escala remunerativa de parlamentarios, asesores y funcionarios está sujeta a un sistema nacional que impide discrecionalidad al parlamento.

La renovación por tercios del Congreso tiene una doble virtud: abre la posibilidad de que la ciudadanía revoque a aquellos parlamentarios de pésima performance, pero también crea la oportunidad de ratificar a aquellos que sí cumplen su labor. Al ejercer la ciudadanía ese derecho a mitad del periodo presidencial, crea a su vez un incentivo y obligación para que el Congreso mejore su performance. Y que el propio Ejecutivo ratifique una eventual mayoría en el Congreso o la pierda por una mala gestión.

Revisando los archivos del Congreso se pueden encontrar numerosas iniciativas de este carácter —incluso algunas proponen la renovación por mitades del Congreso— pero nunca han prosperado. Si el Congreso aprobara esas iniciativas, terminaría por disolver o difuminar cualquier prédica populista o ilusa que proponga la no reelección de parlamentarios como la panacea para moralizar el parlamento. La gran pregunta es ¿por qué no se aprueban?