El que calla, otorga

Frente a las numerosas acusaciones de corrupción

Con estupor e indignación hemos sido testigos, durante las últimas décadas, de cómo las principales instituciones del país han venido menoscabando su imagen pública, poniendo en tela de juicio su importante rol dentro del Estado. La ausencia de valores éticos y morales en algunos de sus principales representantes viene poniendo en riesgo nuestro débil sistema democrático, generando desconcierto y desesperanza en la ciudadanía.

La mentira, el engaño, la coima y el dolo son pan de cada día en las más altas esferas políticas, judiciales y en cuanto estamento público existe. Se ha generado así una parálisis económica, como producto de la desconfianza de los inversionistas frente a un Gobierno débil, a una creciente inseguridad ciudadana y a una justicia errática, que no garantiza seguridad jurídica para nadie.

A ello se suma la corrupción generalizada y que ha atrapado en sus garras a dos ex presidentes —actualmente presos— y a un tercero cuya captura pende de un hilo. Esto último a raíz de las explosivas declaraciones de Joseph Maiman, quien sirvió a Alejandro Toledo como operador para el blanqueo de las coimas de Odebrecht, y que en sus recientes declaraciones considera que los directivos de Odebrecht delataron selectivamente al más débil, dejando entrever que existen otros políticos que también están involucrados en actos de corrupción. Lo que demostraría que la plata no llega sola, porque tiene sus rutas con guardianes en el camino. Toca al Poder Judicial develar los misterios que subsisten, si es que aún se quiere recuperar la credibilidad ante una población cada vez más decepcionada con este poder del Estado.

Por otro lado, vemos cómo desde el Congreso se viene blindando impunemente a malos “padres de la Patria”, que accedieron a la representación nacional falseando su declaración jurada, comprando notas y grados académicos; o a aquellos que sin ningún pudor se aprovechan del cargo para beneficio propio, entre otras perlas. Por ello, es fundamental que la Comisión de Ética de este poder del Estado demuestre a sus electores, con hechos, que no están pintados y que “otorongo si puede comer a otorongo”. Claro está, si todavía quieren tener una opción para las próximas elecciones.

El Poder Ejecutivo no es ajeno a las sombras negativas de la corrupción. Los vientos huracanados del escándalo hacen temblar los cimientos más altos del poder. Frente a estos embates, el presidente de la República, sobre quien pesan serias acusaciones, tiene la obligación perentoria de salir al frente y disipar todas las dudas, que lo afectan a él y a su Gobierno, si no quiere sucumbir en medio de ellas. Recuerde, señor presidente, que “el que calla otorga”.

El Poder Judicial y el Ministerio Público tampoco se salvan de la crisis de valores que confronta estructuralmente al Perú. Jueces y fiscales no logran ponerse de acuerdo para juzgar a los malos políticos y funcionarios públicos acusados de corrupción. Liberan a terroristas, narcotraficantes y cabecillas de bandas organizadas de criminales, aumentando el caos y el desconcierto en la población, debido a la ausencia de valores en quienes administran justicia en nombre del Estado.

Ante esta compleja situación, tenemos que hacer algo drástico, si aún aspiramos a vivir en un país del primer mundo. Lo primero es que los líderes de los poderes del Estado, reconozcan la gravedad de la situación y se comprometan a trabajar en forma coordinada, para que luego de un diagnóstico realista de la situación, con el apoyo de especialistas de primer nivel. Se debe realizar un proceso de reingeniería en las principales instituciones del Estado, para que los valores se constituyan en los verdaderos puntales y artífices del cambio. Solo así se logrará ponerlas al servicio del país y que la justicia sea transparente e igual para todos los peruanos.

Carlos Arnillas Denegri