¿El Perú es tierra de nadie?

Ante el silencio cómplice de las autoridades

Hace cinco años el gobierno de Ollanta Humala presentó un proyecto de ley para perfeccionar y combatir el “crimen organizado” en sus diferentes modalidades, particularmente para erradicar el lavado de activos, las extorsiones y el secuestro, la invasión de tierras y las secuelas que deja el creciente narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, muy poco o casi nada se ha avanzado, debido a que las instituciones responsables de aplicar las leyes no cumplen con su rol, pese al público compromiso del que estas instituciones permanentemente hacen alarde.

Las organizaciones criminales actúan impunemente en complicidad con malos policías, inescrupulosos funcionarios municipales y complacientes estudios de abogados que se prestan a este accionar delictivo. Y también fiscales y jueces que no sancionan con celeridad los delitos o, sencillamente, dejan en libertad a los delincuentes para que sigan operando a espaldas de la ley, poniendo en grave riesgo la estabilidad jurídica del país y la seguridad ciudadana, que hoy se ve más amenazada que nunca.

Los sindicatos del crimen cuentan también con el soporte de notarios públicos que legitiman predios robados, policías que actúan como informantes o como fuerza de seguridad, con jueces que acogen “recursos de amparo”. Y también leguleyadas que se montan aprovechando vacíos legales, donde la delincuencia compra voluntades y la población vive atemorizada por falta de justicia. Es decir, estamos inmersos en la ley de la selva, lo que en la práctica representa vivir en “tierra de nadie”.

Lamentablemente los mecanismos legales no están funcionando e instituciones del Estado como el Ministerio Público y el Poder Judicial se encuentran enfrentados en un debate sobre la ley contra el “crimen organizado”. Esto debido a la reciente actuación de la fiscal, Sara Vidal, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, quien decidió archivar las investigaciones seguidas contra el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín RamÍrez, por lavado de activos, aplicando la polémica casación 92-2017-Arequipa, de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Polémico recurso, ideado por el controvertido juez penal supremo César Hinostroza, quien antes fue duramente cuestionado por no sustentar debidamente sus signos exteriores de riqueza y la posesión de lujosas propiedades en Miami y distritos limeños exclusivos. El dispositivo legal de marras ha sido cuestionado por el propio Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque pone en peligro casos emblemáticos de lavado de activos, como el de Ecoteva.

La invasión de predios de propiedad privada y del Estado es otro delito que está adquiriendo dimensiones preocupantes en el país y, particularmente en la Región Lima. Hace apenas una semana, “Los temibles de Nuevo Cañete”, organización a la que pertenece una prima del ex presidente Ollanta Humala, Angélica Arata Tasso, fue capturada en un megaoperativo de la Policía Nacional, por tráfico ilegal de tierras, extorsión, secuestro y tenencia ilegal de armas… ¿Dónde estuvieron las autoridades durante todo ese tiempo? Esta banda contaba con la complicidad de jefes policiales de Cañete, con funcionarios municipales y con abogados y notarios que daban visos de legalidad a todas sus fechorías.

Similar situación se dio hace algunos meses en un megaoperativo ejecutado en Chilca, donde también estuvieron implicadas altas autoridades. Hoy esto se replica en el Norte Chico, concretamente en el distrito de Santa María, en Huacho, donde una banda de traficantes de tierras se ha apropiado de un terreno de dos hectáreas de una conocida familia. Hace dos semanas que se produjo el delito y hasta la fecha los invasores siguen ocupando ese predio sin que la policía, fiscales, jueces ni las propias autoridades municipales hagan nada por resolver el problema. Ya es hora que la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pongan atajo a la inseguridad jurídica que reina en nuestro país. Si seguimos viviendo en el “reino de la impunidad” no habrá inversiones ni desarrollo en el futuro inmediato.

Para evitar esta situación tiene que imperar la ley, y con ello asegurar la integridad física de los ciudadanos, preservando el respeto a la propiedad privada. Un principio básico de la sociedad que hoy está en peligro por la inercia o el silencio cómplice de indolentes autoridades.

Carlos Arnillas Denegri