El Perú en su laberinto legislativo

Costos de transacción y elección parlamentaria

 

La elección de los 130 congresistas resulta ser más importante de toda la lid electoral porque de la gestión eficiente del Congreso de la República –como institución de freno y contrapeso ante las arbitrariedades del Poder Ejecutivo y de la calidad de su producción legal– depende el bienestar de los ciudadanos y la prosperidad del país.

 

Ronald Coase (Nobel de Economía 1991), explicaba que la economía es interacción, y  es aquella la que permite a los individuos intercambiar bienes y servicios a razón de las necesidades que deseamos satisfacer. Para poder intercambiar se requiere de una herramienta básica que es el contrato. En nuestra vida diaria vemos que como seres humanos contratamos en todo momento en todo lugar y para todo (al comprar al vender, dentro o fuera del país, al casarnos, al viajar, al formar una empresa, etc.) Cada contrato celebrado aporta a nuestro bienestar y al de la otra parte, pues a mayor cantidad de contratos celebrados mayor cantidad de necesidades satisfechas para alcanzar nuestro proyecto de vida, ergo todos somos felices.

 

Sin embargo, Coase descubrió que el mercado es un mecanismo costoso para tomar decisiones económicas por ende contratar cuesta. Si ese costo es elevado la gente contrata menos y si contrata menos habrá menos bienestar. Coase denomina a estos costos como “Costos de Transacción”. Es aquí donde el derecho tiene como principal propósito económico a través de las leyes reducir estos costos, lo que significa reducir el tiempo e incrementar la información para que los individuos podamos tomar las decisiones que nos permitan celebrar contratos y satisfacer nuestras necesidades.

 

El Estado al tener el monopolio de coacción y de la coerción legítimas tiene también el monopolio de la producción de leyes a través del Congreso de la República, las que deberían hacer más fácil nuestra vida. Pero ocurre todo lo contrario porque son nuestros congresistas, quienes enfermos por la esquizofrenia legal, crea un laberinto casi sin salida que conduce a los ciudadanos a otro laberinto más complejo: la informalidad.

 

Todo ello lo podemos comprobar, por ejemplo, en el Informe Legal que Gaceta Jurídica publicó en el 2014 denominado “Perú: país de las leyes”, en donde se indica que existen cerca de 600 mil normas vigentes en nuestro ordenamiento legal. Es decir, que cada 6 minutos se produce una norma, en otras palabras: 240 normas diarias en promedio. Algunos especialistas haciendo cálculos concluyen que leer todas las leyes peruanas tomaría más de 10 años (sin dormir, comer o levantarse).

 

A pesar que el reglamento del Congreso de la República establece como requisito de admisibilidad de un proyecto de ley que este venga contenga en su estructura análisis costo—beneficio que determine su impacto económico, esta formalidad es un saludo a la bandera pues nuestros congresistas se han ingeniado el argumento  que literalmente dice: “El presente proyecto no irrogará gastos al Estado y generará evidentes beneficios a la población”. Una ley –que como la mayoría de leyes peruanas no reviste el mayor análisis de la realidad– puede que no le cueste a las arcas del Estado, pero quizás sea altamente costosa para nosotros.   

 

La eficiencia de un congresista no se debe medir por su producción legislativa necesariamente. La eficiencia de un congresista se debe medir por las leyes de calidad que diseña para contribuir en la reducción de costos de transacción en el mercado, y por la capacidad para derogar aquellas leyes que los incrementan.

 

Fernando Vigil