EL PEAJE Y EL PROBLEMA OCULTO

Lima necesita, por lo menos, triplicar su presupuesto

Detrás de la evidente irracionalidad del alto cobro del peaje en Lima Norte, que el alcalde de Lima se ha visto obligado a suspender, permanece oculto el verdadero problema de la ciudad de Lima: el escuálido presupuesto del Gobierno Metropolitano para afrontar el déficit de obras de una ciudad que bordea los diez millones de habitantes. Este año 2017, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutará un presupuesto de US$ 461 millones, del cual solo unos US$ 250 millones se invierten en obras. Toda la inversión adicional proviene de las concesiones con el sector privado.

Para una mega ciudad que tiene un déficit de infraestructura de US$ 50,000 millones, según el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), la cifra destinada a inversión por el Gobierno Metropolitano, es casi ridícula. Eso explica por qué desde el primer gobierno de Castañeda Lossio, el 2003, la comuna metropolitana optó por echar mano a concesiones con el sector privado, para cubrir parcialmente el déficit de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. Es una política que continuó la gestión de Susana Villarán y cuyos altos costos se ponen de manifiesto ahora con en el alto cobro de peaje.

Obras como el Metropolitano, la Línea Amarilla, la ampliación de la carretera Ramiro Prialé, el proyecto Vías Nuevas de Lima, entre otras, no hubiera sido posible sin el concurso del sector privado. Incluso las propias obras que el Gobierno Nacional viene ejecutando, como las Líneas 1 y 2 del Metro, no serían posible sin estos aportes. La opinión pública se escandaliza por los altos costos del peaje, pero nadie protesta por el hecho que la capital y su gobierno metropolitano tengan uno de los presupuestos más bajos de las capitales de Sudamérica. Ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires o Río de Janeiro tienen entre el doble o el triple del presupuesto que tiene Lima.

Esto explica por qué la capital de la República en la última década ha estado agobiada por la necesidad de inversión proveniente del sector privado, por la vía de las concesiones con el sector privado. Y es en este contexto donde asoma la corrupción, los altos costos que los ciudadanos tienen que pagar por estas concesiones, tal como ocurre con el peaje para financiar el Proyecto Vías de Lima, con diversas obras que ascienden a US$ 590 millones.

Ciudades como Bogotá han logrado resolver este problema con la creación del Impuesto a la Plusvalía Urbana y una distribución más equitativa, entre los ingresos que recibe el Gobierno Nacional con las regiones del interior de Colombia. En el Perú, la ciudad de Lima es una de las más perjudicadas por una injusta transferencia de recursos y una obsoleta política impositiva. Mientras tanto, los 36 parlamentarios de Lima no tienen ninguna iniciativa para revertir esta situación.

Dos ejemplos corroboran que Lima Metropolitana es maltratada por los poderes del Estado. En primer Lugar, por cada diez soles de transferencias que el Callao recibe, Lima Metropolitana recibe tres soles. Tamaño desbalance se debe a que el puerto recibe el total del canon aduanero, mientras que la Comuna Metropolitana no recibe nada, pese a que cientos de camiones de carga que llegan diariamente al puerto del Callao circulan por las diversas arterias de la capital, deteriorando las avenidas y calles, además de contribuir con el congestionamiento vehicular. En segundo lugar, la Municipalidad de Lima es víctima de ingentes cantidades de impuestos y arbitrios que no recibe, porque los enormes edificios del Ejecutivo, de la Beneficiencia, de la Iglesia, universidades y otras entidades, que se ubican en el Centro Histórico y otras zonas de Lima, están exonerados.

Es indudable que los cobros de los peajes son altísimos y antitécnicos. Pero que ello, y la anunciada suspensión de sus cobros, no sea pretexto para ocultar el hecho de que el Ejecutivo y el Congreso, no hayan resuelto hasta hoy un problema que la ciudad de Lima arrastra desde hace varias décadas: la necesidad de una nueva normatividad que le permita, por lo menos, triplicar su presupuesto. Y que le permita abordar sostenidamente el problema de la enorme brecha del déficit en infraestructura. Esa es la cuestión de fondo que se debe resolver.

Por Neptalí Carpio