El paraíso de la corrupción

No tenemos un sistema nacional antiterrorista, menos uno que combata la corrupción

Por Elizabeth Zea Marquina

“No todo lo que Odebrecht hizo en el Perú es corrupto”. Desafortunada frase del presidente que denota cómo valora el Poder Ejecutivo el impacto económico y social que genera la corrupción, lacra que vulnera la democracia y el respeto por los derechos humanos. Dudo que el ciudadano menos docto en estos temas crea que robarle al Perú US$ 29 millones ya no es, de por sí, un acto gravísimo y escandaloso como para pretender exculpar a la empresa autora del megacaso de corrupción más grande a nivel continental. Frase tan terrible como el popular “roba pero hace obra”. La indignación pública está justificada.

Pero vamos por partes. Odebrecht pagó sobornos en el Perú entre los años 2005 y 2014, lo cual nos demuestra la poca voluntad real de fiscalizar (de los gobiernos entrantes a los salientes) en ámbitos como las contrataciones y licitaciones estatales, donde los precios alzados, pago de coimas y participación de empresas offshore son el pan de cada día. El delito tiene que estallarles en la cara a las autoridades para investigar y darse cuenta de sus carencias de recursos y de la capacidad requerida. No aprendimos nada de la época de Montesinos, y de eso corren más de quince años.

En el Perú no es tradición tener sistemas nacionales articulados para combatir delitos de envergadura social. No tenemos un sistema nacional antiterrorista, menos uno que combata la corrupción. Hasta este momento no existe una política pública intersectorial anticorrupción más allá de un Plan Nacional del 2011 al 2016, elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que desde la gestión de Gonzalo García Núñez no pudo aplicarse en su integridad por falta de interés de Ollanta Humala y por la carencia de medios, que no fueron proporcionados. Quizás fue porque las investigaciones llegarían hasta el financiamiento de dudosas fuentes para su campaña presidencial. El actual presidente de la CAN —el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez— ha reiterado el pedido de recursos al gobierno actual.

De otro lado, contamos con un frondoso marco normativo que aborda temas referidos a la función pública; como la transparencia y acceso a la Información, la ética, la gestión de intereses, ingresos de bienes y rentas, contrataciones públicas, control interno, atención de denuncias y procesos ante la Contraloría General de la República. Normas poco aplicadas y que terminan siendo meros trámites administrativos. Fue la misma Contraloría, la que el mes pasado denunció falencias evidentes de nuestro sistema penal anticorrupción, al encontrarse más de 1,500 casos de peculado, colusión y negociación incompatible en riesgo de prescripción; una de las principales causas de impunidad y barrera para el pago de las indemnizaciones, sumado a la falta de celeridad y eficiencia de los procesos.

Es evidente que el caso Odebrecht es el gran reto de la justicia peruana, que va más allá de implementación presupuestal y de decretos legislativos de carácter preventivo que no resuelven los casos ya en proceso. Es necesario dar operatividad a una estrategia nacional anticorrupción que permita acciones articuladas entre el Ministerio Público y la Procuraduría, en la que las medidas cautelares permitan resarcir económicamente al Estado Peruano. Y que las empresas involucradas no solo den “manifestaciones protocolares de ponerse a derecho”, sino que emprendan una real y pronta colaboración con la Fiscalía para sancionar a los culpables. Así no nos quedaremos en el escándalo político ni con la impresión de vivir en un “paraíso de la corrupción”, donde las reglas del debido proceso juegan a favor de los corruptos.