El mito del Plan Urbano

Cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación informan con estupor sobre la expansión del tráfico de terrenos en la capital y en diversas ciudades del país. Se ha creado a nivel nacional una extensa red de grupos inmobiliarios que, según el propio Ministerio de Vivienda, bordea las 8,000 empresas, de las cuales solo 5,500 están efectivamente registradas. Aunque la obtención de una inscripción en los Registros Públicos la mayoría de las veces es solo una fachada legal para justificar la posesión de tierras de manera informal o ilegal.

En realidad ese fenómeno es solo la otra cara de la medalla de un Estado que se ha mimetizado con la informalidad. Expresa además la captura de las municipalidades por esos grupos informales o abiertamente ilegales que controlan las áreas de desarrollo urbano y catastro, muchas veces con la acción cómplice de las comisarías. La alta Dirección de la Policía Nacional del Perú ha afirmado que el 40% de las acciones que reporta por acción de bandas criminales están ligadas, directamente o indirectamente, al tráfico de terrenos. Y son ya decenas de alcaldes que han sido denunciados o están encarcelados por liderar esta actividad ilícita.

El tráfico de terrenos o la desaparición de áreas verdes se debe en realidad a la pérdida de dirección y control de territorial del Estado, y en especial de las municipalidades. Del mismo modo que los medios de comunicación informan sobre esta actividad, deberían hacerlo sobre el hecho de que la ciudad de Lima no tenga un Plan Urbano aprobado, y que el alcalde de Lima haya echado al tacho de la basura el gran esfuerzo del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), que se expresó en una propuesta de Plan Urbano elaborado entre los años 2013 y 2014 y que reunió a unos 200 técnicos que elaboraron un prolijo instrumento técnico de alta calidad. El llamado PLAM 2035 proyecta la planificación de la ciudad de Lima hacia el año en que nuestra capital cumplirá 500 años de fundación; pero al actual alcalde de Lima le parecía un obstáculo para manejar la gestión a su entera discreción, como aquella inesperada decisión de construir un parque temático en el “Parque de los museos”, sin consultar a nadie.

La verdad es que el Plan Urbano se ha convertido en un mito por las características de la cultura de gestión que impera en nuestras ciudades. Y el caso de Lima,es solo una expresión cada vez más escandalosa. Del mismo modo que a nivel nacional el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) funciona como una entelequia, sin ninguna obligación vinculante con los diferentes niveles de gobierno, el planeamiento urbano de las ciudades atenta contra la costumbre de los alcaldes de manejar los territorios locales a su entera discreción. En la misma circunstancia que al Estado central no le interesa aprobar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, a la costumbre de la gestión local, acendrada por muchas décadas en el país, no solo no le interesa obedecer a estrategias de planeamiento urbano, sino que muchas veces esos instrumentos son obstáculo para favorecer a los grupos inmobiliarios informales, o legales solo de fachada.

Sin embargo, el problema no solo radica en que el Plan Urbano se haya convertido en un verdadero mito. En el hipotético caso de que la propuesta elaborada por el IMP en el año 2014 hubiera sido aprobada por el Concejo Metropolitano, este plan no se hubiera podido implementar por el alto grado de atomización territorial y fragmentación institucional sobre el desarrollo urbano, una actividad que compromete al propio Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda y COFOPRI. Por ejemplo, ¿cómo podría por sí mismo un Plan Urbano metropolitano, y sus reglamentos adicionales, controlar la extensa actividad del tráfico de terreno si la Municipalidad Metropolitana de Lima no cuenta con herramientas necesarias y la capacidad coercitiva para frenarla? Es aquí donde nos encontramos con un problema de mayor dimensión: la gestión metropolitana tiene una institucionalidad obsoleta, que ha sido largamente rebasada por un crecimiento informal, en una ciudad que ya se acerca a los 6,000 kilómetros de crecimiento horizontal, mientras la estructura municipal metropolitana reduce su accionar al Cercado de Lima.

Una de las varias medidas eficientes a tomar sería derogar aquella norma que les da la competencia a las municipalidades distritales para entregar directamente certificados de posesión. Un acariciado documento de los traficantes de terrenos para consolidar una invasión informal, muchas veces con la complacencia de las autoridades locales y las áreas de desarrollo urbano y catastro. De producirse este cambio, sería la gestión metropolitana la encargada de ejercer esta competencia a propuesta de las municipalidades distritales. Pero la clave radicaría en establecer un procedimiento ágil y al menor costo para evitar volver a épocas del pasado, cuando las municipalidades provinciales se convertían en un cuello de botella y con altos costos.

Eso se podría lograr con una reforma institucional de la gestión capitalina, a través de unidades desconcentradas en unas cinco zonas metropolitanas de la capital (Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro y San Juan de Lurigancho) a manera de un nuevo anclaje institucional. Así se recuperaría la dirección territorial de la ciudad y la gestión del catastro multipropósito sería una herramienta central, en estrecha relación con las municipalidades distritales. Solo de esa manera el Plan Urbano no solo dejaría de ser un mito o una mera entelequia, sino que crearía una esfera pública de debate, fiscalización e iniciativas propositivas con la participación de los ciudadanos y sectores privados. Además se evitaría que la gestión territorial se maneje de manera secreta o esté a merced de los grupos fácticos, legales e ilegales.