El mito del costo cero

Es fácil ser defensor de derechos de consumidores o laborales con plata ajena

Si usted revisa un proyecto de ley advertirá que, sin mayor reparo, se argumenta que la propuesta “no implica un gasto para el erario nacional”. Semejante declaración es simplemente imposible pero nuestros congresistas la incorporan en sus proyectos de ley como si fuera una cuestión de formato, es decir que “debe estar” para cumplir con cierta exigencia referida al análisis costo-beneficio de la propuesta planteada.

En el fondo se esconde una falacia que tiene larga data. Imagínese que un chiquillo toma una piedra y destruye la ventana de una panadería. El dueño del establecimiento sale corriendo pero el causante ha fugado. La gente se empieza a concentrar alrededor de los restos del vidrio y reflexionan que “no hay mal que por bien no venga”. Gracias al vidrio roto, el vidriero tendrá un encargo adicional. Si nunca se rompieran las ventanas o los vidrios en general, ¿qué harían los vidrieros? Si bien es cierto el dueño de la panadería debe hacer un desembolso de dinero para arreglar el vidrio, ese dinero va a las manos de un trabajador generándose así una oportunidad para el empleo.

La parábola del ventanal roto –siguiendo a Bastiat- expone una de las falacias que hasta hoy nos acompañan. Es cierto que el panadero debe gastar una suma de dinero que va a las manos del vidriero. Pero ese dinero pudo servir para que el panadero pague al pintor para que remodele la fachada de la panadería. En otras palabras, y en sentido inverso, “no hay bien que por mal no venga”. El lado que muchas veces solemos omitir es uno que suele ser bastante importante: el verdadero costo de las cosas.

Perder de vista este dato hace que los proyectos que se plantean suelan ser bienintencionados pero anti-técnicos. Suelen perder de vista que las medidas que adoptamos, como regla general, tienen un efecto redistributivo en el sentido de que alguien se enriquece porque alguien se empobrece. Es necesario medir adecuadamente si los beneficios generados son superiores a los costos. No basta determinar que existen beneficios para defender una propuesta. Todos los derechos tienen un costo. Creer que los derechos –laborales, de sufragio, etc.- son gratuitos no es más que el punto de partida para una serie de malos entendidos que culminan en consecuencias adversas para la sociedad en su conjunto.

Es fácil adherirse a la retórica de la promoción de derechos como si no tuviéramos que pagar por ellos. Nuestro país, si quiere crecer al ritmo esperado, necesita dejar de lado las ilusiones que muchos ideólogos de izquierda siguen defendiendo de manera trasnochada. Es fácil ser defensor de los consumidores con plata ajena. Es fácil ser defensor de los derechos laborales echando mano del erario nacional. El meollo del asunto es que el Estado no tiene realmente dinero propio. Administra el dinero de todos. Cuando un grupo demanda una salida de dinero a favor suyo, esto implica despojar a otro grupo de la posibilidad de emplear esos recursos. La administración de la plata de todos no puede basarse en el romance de la retórica comunal. Es hora de que dejemos de lado los mitos.

Por Gustavo Rodríguez García