El mito de la esclavitud

La famosa “ley del esclavo juvenil”, proyecto de ley presentado por la congresista Rosa Bartra, ha provocado una serie de reacciones negativas en la sociedad; a tal punto que el pasado viernes 23,se realizó una marcha en contra de esta ley. Los enfrentamientos entre la policía y una turba de jóvenes en las inmediaciones del centro histórico de Lima fueron el corolario de todas las telarañas que se han tejido en torno al tema y que, siendo sinceros y serios, no han sido más que mitos.

Dentro los delirios de la izquierda, nos dicen que este proyecto de ley le abre las puertas a la esclavitud para los jóvenes porque implementa una nueva modalidad formativa denominada “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”. En ella —según el entendimiento de la izquierda— los jóvenes no cobrarán nada por el trabajo que van a realizar en su centro de labores, lo que termina siendo mano de obra gratuita o, en los términos que gustan utilizar, esclavitud.

Pues bien, lo primero que debemos entender sobre este asunto es que el proyecto de ley no establece ningún vínculo laboral entre el joven estudiante y la institución de recepción. El estudiante no va a trabajar porque todavía no termina su proceso de formación, y la ley se implementa dentro de ese proceso. Y lo que el proyecto busca es que esa formación se complemente con una experiencia real en un espacio de trabajo, todo esto con la finalidad de mejorar la oferta de profesionales técnicos para el mercado laboral y facilitar su inserción. Por otro lado, algo que también olvida mencionar la izquierda al momento de izar sus banderas y alzar el puño es que se establece que esta nueva modalidad de formación es de carácter voluntario; es decir, a ningún joven estudiante se le va a obligar a aceptar esta nueva modalidad de formación. Por lo tanto, con estos puntos señalados, la absurda idea de la esclavitud que implicaría este proyecto de ley queda desmontada y reducida a lo que en verdad es, el hombre de paja que la izquierda se ha inventado para darle sentido a su interminable lucha de clases.

Ahora, el hecho de que la izquierda jamás encuentre un fundamento legítimo para sus luchas imaginarias no significa que el proyecto de ley sea una maravilla; todo lo contrario, el proyecto de ley resulta un gran problema. Es que no se trata de a quién vaya a beneficiar la ley, se trata de comprender que la ley no tiene esa función. Es decir, la ley no nace para otorgarle privilegios a particulares. Aquí no importa si los beneficios son para la burguesía o para el proletariado, en cualquiera de los sentidos se estaría pervirtiendo la naturaleza de la ley e instrumentalizando el aparato del Estado para otorgar una serie de privilegios a grupos determinados. Esto sería una afrenta a la igualdad ante la ley, la idea que debería ser la base de nuestra república y que —por desgracia— resulta demasiado lejana de nuestra realidad.

Lo que debemos de comenzar a entender, es que hay una gran diferencia entre la ley y la legislación. Hayek escribió, en 1973, su obra Derecho, legislación y libertad, en la que hace una distinción entre el conjunto de normas que gobiernan la conducta de los individuos en sus relaciones sociales —y que tienen un origen en el orden espontáneo que nadie ha planificado (la ley)— y las normas de organización que obedecen exclusivamente a la voluntad de quienes están encargados de “organizar y dirigir” la sociedad (la legislación).

Nuestra clase política y el grueso de la población creen que ante el surgimiento de algún problema en la sociedad lo que se debe hacer es inventarse una ley que lo solucione. Lamentablemente las cosas no funcionan así. De persistir en esa insana creencia vamos a terminar generando más problemas que los que pretendemos resolver. Debemos aspirar a vivir en una sociedad en la que exista el imperio de la ley, no el imperio del legislador. Esa es la gran diferencia entre una sociedad libre y una sociedad sometida.