El lenguaje que hay que hablar

Se necesita una política que promueva la libre contratación entre empresas y comunidades

El economista Ricardo Hausmann dijo en Paracas que el Perú debería convertirse en un experto en estudios de impacto ambiental y hacer de eso una industria de exportación. Todo el mundo anda en busca del balance eficaz entre dos necesidades, ambiente y crecimiento, y nadie parece satisfecho con lo alcanzado.

El consejo es de una sensatez evidente. Como pocos pueblos, el Perú tiene cinco mil años de historia, una diversidad étnica asombrosa y unos recursos humanos y naturales aún sin desarrollar. ¿Qué otro pueblo, entonces, más obligado a la tarea que Hausmann señala?

La solución no es tan compleja. Necesitamos una nueva política para abordar y resolver los problemas ambientales, una que pueda enmarcar la libre contratación entre comunidades y las empresas.

Tiene tres partes por lo menos. Debe asegurar, ante todo, la titulación y registro de la propiedad de la tierra para que las comunidades andinas y las etnías amazónicas –hay seis mil comunidades en los Andes y dos mil en la Amazonía- puedan negociar con las empresas de igual a igual y no en inferioridad de condiciones.

Debe, además, dar participación a las comunidades andinas y amazónicas en la renta que produce la explotación de los recursos naturales en sus tierras. No estoy hablando del canon, que es una burla. Las comunidades reciben a duras penas menos de un tercio del diez por ciento del canon que llega a los distritos. Esa es la consecuencia de que el subsuelo sea del Estado y no del dueño de la tierra.

Estoy hablando de promover activamente el libre contrato directo entre comunidades y empresas dentro de una política de Estado que la garantice. La minera canadiense IRL, que cotiza en la bolsa de Lima, por ejemplo, ha pactado con la comunidad de Ollachea, en Carabaya, Puno, un arreglo para 30 años luego de que tiempo atrás, antes de mover una piedra, la empresa hiciera socia a la comunidad con el 5% de las acciones del emprendimiento establecido para explotar los recursos en sus tierras.

Finalmente, el tercer requisito es el más importante: multiplicar exponencialmente la captación de agua en las punas, retenerla en las alturas y almacenar así dentro de la Cordillera un reservorio natural de diez mil millones de metros cúbicos de agua, para reducir drásticamente la escasez de agua como factor del conflicto entre comunidades y empresas.

Es un tema de masa crítica de conocimientos. La clave está en algo que me comentó una vez un alto funcionario de una trasnacional minera inglesa. Hay una gran diferencia -me dijo- entre lo que hacemos las compañías inglesas (y por extensión las australianas, sudafricanas y canadienses, naciones que fueron parte del Imperio Británico) y lo que hacen las empresas estadounidenses. Ellos -dijo- llegan a un lugar, pagan altos salarios y puntualmente sus impuestos y se desentienden de toda costumbre tradicional . No apadrinan fiestas patronales, ni ponen hospitales o escuelas porque esos son deberes del Estado, no de la empresa, que para eso paga sus impuestos. Nosotros, en cambio – agregó-, antes de invertir en una mina en Asia, Africa o Sudamérica, vamos primero a las bibliotecas de Oxford y de Cambridge y leemos 150 años de antropología sobre esos lugares. Sabemos cuáles son los errores que no hay que cometer y cuál el lenguaje que hay que hablar. Esa es la clave.

Por Jorge Morelli (@jorgemorelli1)
(19 - nov - 2014)