El lado económico del discurso (OH=PPK=MV)

 

El día de ayer se hizo público que el presidente renunciante —el hoy investigado por corrupción Pedro Pablo Kuczynski— ha solicitado una autorización para salir del país. Cuando esta columna sea publicada, el juez respectivo —en medio de esta maraña de jueces involucrados en casos de corrupción burocrática— podría haber autorizado que el ex presidente salga del país. Sí, tal como lo hizo el ex presidente prófugo de Palo Alto, Alejandro Toledo. Después de todo, la polarizada discusión de esta semana estará sellada por la discusión de las aristas políticas de la abultada sucesión de iniciativas de cambio legal ofertadas por el presidente en su discurso del 28 de julio.

En estas líneas nos interesa en cambio enfocar el lado económico del discurso. Este es particularmente sugestivo, aunque aburrido y hasta irrelevante bajo la perspectiva del impulso al desarrollo económico del país. Vale la pena destacar que el mensaje presidencial per se apostó nuclearmente por rentabilizar el desconcierto y rechazo a los recientes escándalos de corrupción en la más altas esferas del Poder Judicial peruano. Con un tono cansino, aunque frontal, planteó que el devaluado Congreso de la República de estos tiempos concierte un referendo para la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el recorte de las opciones electorales de los ciudadanos para el Congreso (la llamada no reelección de congresistas), el financiamiento estatal compulsivo de los partidos políticos y la ampliación de la planilla de congresistas (i.e.: la introducción de un régimen de bicameralidad).

Sobre las razones por las cuales se justificaría tales medidas, el presidente Vizcarra no dijo nada significativo; aunque, dada su popularidad en el grueso de las líneas periodísticas y en uno de los dos polos de la opinión pública, batahola asegurada sí tendría. Bajo este impacto inicial, vendió que a lo largo del presente bienio (2018-2019) sí se verían acciones concretas de reconstrucción de las zonas arrasadas por los desastres naturales del 2017, y que los Juegos Panamericanos se implementarían con excelencia; además de otra media docena de iniciativas de gasto. Una suerte de deja vu calcado del estilo de política económica de Ollanta Humala y PPK.

Sostenía que estaba feliz porque —aunque creceríamos mucho menos del 8% prehumalista— anticipaba que llegaríamos este año a un crecimiento del PBI del orden de 4% anual, los cual nos ubicaría entre las plazas más dinámicas de la región. No se refirió al extraordinario rebote de los precios de exportación de los últimos meses, que explica pasivamente el actual auge exportador, los últimos tres índices mensuales de crecimiento de producto y la súbita recuperación de la recaudación tributaria.

Y todo eso mientras el presidente se felicitaba —como lo hubieran hecho con similar legitimidad Humala o PPK— por el lanzamiento (luego de casi un quinquenio de postergación) del proyecto de Quellaveco. Algo que sería muy positivo si estuviese acompañado de una docena de proyectos similares en los dos años que le quedan de gestión. Luego de esto, no queda nada particularmente relevante de reflexión, salvo tres detalles ignotos.

El primero contrasta la reafirmación de la línea humalista que mantuvo su predecesor. El driver de la economía peruana sería la exuberante elevación del gasto público, y no las inversiones privadas y exportaciones. Esto último, apostando tal vez a que la recaudación tributaria continúe impulsada sostenidamente por precios de exportación cada vez más altos.

El segundo detalle describe su completo desinterés por las reformas de mercado. No gastó, siquiera por decoro, una referencia tácita a esta agenda pendiente; y si nos ponemos a enfocar la sucesión de retrocesos regulatorias, arancelarios y tributarios de los tres meses de su gestión, entenderemos que este desinterés es básicamente ideológico y que está centrado en un afán de ganar popularidad entre sectores afines a las políticas socialistas o mercantilistas.

El tercer detalle ignoto se refiere a su incoherencia factual. El tono del mensaje se estructura sobre su indignación ante toda forma de corrupción burocrática. Y esto estaría muy bien, si hubiera hecho algo más que discursear al respecto. Y es que en el discurso —y en el accionar reciente del presidente— no hay nada que sugiera que va a tomar al toro por las astas. La masiva y antigua corrupción burocrática peruana se elimina introduciendo desincentivos drástico contra ella; encarcelando delincuentes y responsables a todo nivel. Si cambiamos una cabeza, encarcelamos a muy pocos y mantenemos los actuales incentivos (que los corruptos no vayan presos casi nunca), todo se repetirá. En esta dirección el presidente no ha hablado de depurar masivamente a coimeros, coimeados o cómplices, ni de ajustar el marco regulatorio para castigar los actos de corrupción burocrática, reducir discrecionalidades y arbitrariedad, y realizar procesos sumarios.

En fin, más allá de lo popular en ciertas arenas politiqueras, en materia económica fue un discurso presidencial populachero, pero nada siquiera esperanzador; y mostrando un estilo de gobierno muy parecido al de sus dos predecesores. Lo ensucia un poco, el inoportuno —u oportuno— evento subsecuente: cierto permiso de salida.