El jinete llamado informalidad: la Autoridad de Formalización

Una propuesta de política de Estado

Cumpliendo lo señalado en la entrega anterior, este artículo plantea una propuesta para implementar una política de Estado en procura de solucionar el grave problema de la informalidad. Coincido con Peñaranda en el concepto —pero difiero en el enfoque— de que se debe potenciar el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Considero que esta entidad debe constituirse en la Autoridad de Formalización que articule todo el entramado complejo de actores de las diversas entidades públicas para una intervención conjunta y con profundidad, con resultados medibles de forma continua durante su ejecución. Hoy se tienen intervenciones poco articuladas y de alcance distinto para las entidades involucradas.

La informalidad se extiende más allá de los aspectos laborales y económicos, por lo que se requiere un giro de enfoque. De lo contrario sucederá lo señalado por la OIT, que precisa que la informalidad logrará superarse en los siguientes cuarenta años. Los peruanos tenemos expectativa de superar este gran problema, por lo que debe trazarse como política de Estado que en los siguientes diez años la tasa de formalización fluctúe entre 75% y 80%, para lo que se requiere de una autoridad que articule, dicte los objetivos y determine las metas. Se requiere de una política de una sola velocidad.

El crecimiento permite disminuir la pobreza y la informalidad, con un efecto mayor en la reducción de la pobreza. Sin embargo, el efecto no ha sido el mismo para disminuir la informalidad. Indica Nikita Céspedes que en el periodo 2004-2014 la reducción de la informalidad ha sido persistente pero pequeña (entre -2.4% y -0.5%), no obstante haber transitado por un periodo de alto crecimiento. Esto evidencia una modesta elasticidad, que deriva en gran parte de la tasa muy alta de informalidad laboral (73%).

Sin embargo, del 2014 a la fecha la tasa de crecimiento del PBI ha disminuido sustancialmente, pero la PEA se ha incrementado, infiriéndose que la informalidad ha ingresado en una curva ascendente. Según el último reporte del INEI, los “empleos adecuados” en Lima Metropolitana han disminuido en una cantidad mayor a 50,000; y el reporte del BCR indica que la contracción de la inversión privada —la más relevante para el crecimiento— es de cerca de 2% para este año. A ello debemos agregar que según el ranking de informalidad (WEF 2016-2017), ocupamos el puesto 43 de 47 países considerados.

Ante esta grave situación debe plantearse un enfoque de política y su posterior implementación, para una transición muy acelerada hacia la formalización, con incentivos adecuados que generen tal movilización, previa determinación de los puntos focales para generar su articulación. Gran parte de la informalidad se encuentra en los sectores agrario, servicios y comercio; y a nivel territorial, tiene alta incidencia en las regiones que presentan alto grado de pobreza. Creo que uno de los puntos focales puede ser el acceso al crédito para la mypes, presentes en todos los sectores y regiones del país.

Determinados los puntos focales, debe realizarse una intervención agresiva en tales sectores y regiones, y creo que los éxitos serán tempranos y tangibles. Luego se puede considerar la intervención por tamaño de empresa, pues hay una correlación entre tamaño de empresa e informalidad —más pequeñas, mayor informalidad— y entre otras categorías que determinaría la Autoridad de Formalización.

En la medida que se debe otorgar a la informalidad un enfoque multidimensional y hacia todos los sectores de la economía (Nikita Céspedes - Jorge Baca Campodónico), se requiere de una política de Estado transversal y estructural capaz de implementarse a partir de las capacidades de muchas entidades que vienen trabajando en pro de la formalización. Pero centralizando todo el proceso en la Autoridad de Formalización, para que sea esta la que rinda cuentas de sus avances y logros, y realice la evaluación de error y ensayo.

Si bien es obvio cuáles deben ser las entidades relevantes, no está de más señalarlas:

1. La SUNAT, que viene implementando todo un régimen tributario en pro de la formalización. Pero con una mayor capacidad de asesoramiento a las mypes en función de su actividad, pues estas no cuentan con recursos para acudir a una asesoría especializada;

2. Articularse con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), a cargo del BCR, para aprovechar sus herramientas, que facilitan el acceso al sistema financiero;

3. Incorporar lineamientos de colaboración activa en la formalización por parte de los programas del Ministerio de Agricultura, como son Sierra y Selva Exportadora, Banco Agrario y Cofopri, que cuentan con data valiosa para la intervención en el sector informal de la agricultura;

4. El INEI, a través de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), para procurar generar una data más elaborada respecto a las encuestas que realizan para tener una adecuada y óptima medición de desempleo e informalidad.

Para finalizar, creemos firmemente que en el propósito de hacer realmente viable una política de Estado respecto a la informalidad, se deben considerar además el IGV Justo —recientemente aprobado—, el pago de un Impuesto a la Renta escalonado para la mypes, y las medidas que fueron propuestas en el Plan Perú. Fuerza Popular procura generar soluciones para los graves problemas que nos aquejan, no divisiones.

Úrsula Letona

Fotografía: El Peruano